En la comunidad de Batey 5, varias decenas de pequeños productores agrícolas, junto a sacerdotes y monjas, se reunieron para expresar su rechazo a lo que consideran atropellos por parte del Consorcio Azucarero Central (CAC).

Durante esta asamblea, denunciaron las acciones que afectan sus tierras y medios de vida.

Los asistentes acordaron llevar a cabo una protesta el próximo lunes 27 de abril de 2025, frente a las oficinas del CAC.

Esta movilización es parte de un plan de lucha para evitar que la empresa continúe despojando a los campesinos de sus tierras, que han trabajado durante más de 90 años.

Luis Manuel Peña, del Bloque Campesino Sur Sur, explicó que también buscan la liberación de su compañero Alcibíades Ogando Féliz, quien se encuentra encarcelado en Neiba por supuestas acusaciones del CAC.

Según su abogado, Ogando enfrenta cargos de destrucción de cañaverales, que consideran falsos.

Denuncias sobre el despojo de tierras

Los productores agrícolas han denunciado que el CAC, respaldado por militares, está llevando a cabo un proceso para despojar a los campesinos de sus tierras cultivadas.

Ángel Medina, un cosechero de Santa Bárbara El 6, afirmó que esta situación afecta a pequeños productores que trabajan terrenos de entre 10 y 50 tareas.

El agrónomo Manuel Pérez Canario recordó que esta práctica de despojo tiene raíces históricas, ya que se remonta a los acuerdos establecidos hace 80 y 90 años.

En esos acuerdos, se comprometieron a respetar las tierras de las familias humildes que las han cultivado por generaciones.

Dirigentes de organizaciones de productores, como Luis Manuel Peña, denunciaron que los ejecutivos del CAC realizan mediciones sin consultar a los lugareños.

Además, imponen avalúos y amenazan con demoler cultivos si no son aceptados, negando cualquier tipo de compensación.

Implicaciones del contrato del ingenio

El economista Héctor Turbí, quien ha investigado el tema, señaló que en una segunda adenda del contrato del ingenio Barahona, el CAC logró que el gobierno les reconociera otras 100,000 tareas como parte de su área de concesión.

Esto ha permitido que la empresa asuma como suyas pequeñas propiedades cultivadas por los agricultores durante décadas.

Turbí enfatizó que estas acciones se realizan en coordinación con las autoridades, lo que complica aún más la situación de los pequeños productores.

La comunidad se encuentra en alerta ante el avance de estas medidas que amenazan su sustento y derechos.