A partir de agosto, entrará en vigencia la Ley 74-25, que introduce un nuevo Código Penal en el país.

Esta normativa amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo empresas, asociaciones comerciales y fundaciones, así como de sus propietarios y gerentes.

Con esta ley, los dueños y gerentes de las empresas podrán enfrentar penas de hasta cinco años de prisión por actos de imprudencia o negligencia que causen daños o la muerte de personas.

Hasta ahora, solo las leyes especiales en áreas como la protección del medio ambiente contemplaban sanciones penales para directivos y propietarios.

Este cambio representa un avance significativo en la regulación de la responsabilidad empresarial.

Responsabilidad Penal de las Empresas

El nuevo Código establece que una persona jurídica será penalmente responsable si se demuestra que su acción u omisión fue producto de imprudencia o negligencia.

Sin embargo, esta responsabilidad puede ser atenuada si se comprueba que la empresa contaba con políticas efectivas de cumplimiento normativo.

Además, la ley señala que los propietarios de inmuebles destinados a actividades comerciales también pueden enfrentar penas de hasta diez años de cárcel si se comprueba que sus acciones causaron la muerte de más de cinco personas al incumplir normativas de construcción y seguridad.

Los abogados Miguel Valerio y Robinson Reyes explican que la responsabilidad penal recae sobre los propietarios y gerentes solo si se demuestra su participación en la infracción.

De lo contrario, la sanción sería exclusivamente para la persona jurídica.

Implicaciones para los Directivos

El nuevo código establece que la responsabilidad penal de la empresa se institucionaliza, lo que significa que los directivos no siempre serán responsables por las acciones de la entidad.

Valerio destaca que esto exige a las empresas implementar sistemas de gestión de riesgos penales.

Un ejemplo citado es que una empresa puede eximirse de responsabilidad si un empleado comete un fraude sin que la compañía tenga forma de detectarlo.

Sin embargo, si la empresa actúa rápidamente al identificar la infracción, podría evitar sanciones.

Este cambio en la legislación representa un paso importante hacia una mayor responsabilidad en el ámbito empresarial, obligando a las empresas a adoptar medidas más rigurosas para prevenir infracciones.