El diputado del partido Alianza País, Pedro Martínez, presentó un proyecto de ley que busca eliminar las exoneraciones de impuestos para la importación de vehículos por parte de los legisladores.

En su lugar, propone la asignación de vehículos oficiales propiedad del Estado.

La iniciativa tiene como finalidad establecer un marco legal que regule la dotación, uso y administración de estos vehículos.

Esto garantizaría la movilidad de senadores y diputados en el ejercicio de sus funciones, promoviendo la transparencia, la austeridad y la eficiencia del gasto público.

El proyecto contempla la derogación de las leyes 57-96 y 50, que actualmente permiten a los legisladores importar vehículos libres de impuestos.

Según la propuesta, este mecanismo ha sido mal utilizado, permitiendo la adquisición de automóviles de lujo que luego son transferidos a terceros.

Asignación y uso de vehículos oficiales

Si la iniciativa recibe el respaldo necesario, cada diputado y senador tendría asignado un vehículo del Estado.

Este vehículo se utilizaría exclusivamente para funciones institucionales, como representación y servicio social en sus demarcaciones.

La legislación también establece que los vehículos deben estar identificados con placas oficiales y rotulados con el nombre de la institución correspondiente.

Esto facilitaría la fiscalización ciudadana.

Además, los vehículos serán propiedad del Estado y deberán devolverse al finalizar el período congresual, en un plazo no mayor de cinco años.

Se prohíbe su uso para fines personales, recreativos o comerciales.

Sanciones y regulaciones

El proyecto incluye sanciones que van desde multas de 50 a 100 salarios mínimos del sector público, así como posibles consecuencias penales por malversación o uso indebido de los vehículos.

Los vehículos importados bajo el esquema actual mantendrán su estatus hasta cumplir con los plazos legales vigentes.

Sin embargo, los legisladores no podrán acogerse nuevamente a este beneficio.

Con esta propuesta, Martínez busca fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y eliminar privilegios que se consideran innecesarios en el ejercicio legislativo.