La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha anunciado la creación de la primera Mesa de Control Social en la Región Metropolitana.
Este lanzamiento se produce tras el escándalo por el intento de aumentar los salarios de sus miembros.
La presidenta de la institución, Emma Polanco Melo, lideró el evento, que se realizó días después de que la entidad decidiera anular la Resolución ADM-2026-017, la cual proponía el incremento salarial.
Esta decisión fue tomada en respuesta a las críticas de diversos sectores.
La nueva mesa tiene como objetivo principal canalizar denuncias y alertas ciudadanas sobre el uso de los recursos públicos, en cumplimiento de la Ley núm. 18-24.
Objetivos de la Mesa de Control Social
Durante el acto, Polanco Melo enfatizó que la iniciativa busca establecer un mecanismo de fiscalización más cercano a la población.
«Vinimos a hacer posible la participación, a escuchar y a trabajar juntos», afirmó.
El director de Control Social, Bernardo Matías, añadió que la mesa será un instrumento plural que permitirá a la ciudadanía ejercer su derecho a vigilar y proponer mejoras en las políticas públicas.
El evento reunió a representantes de diversas organizaciones sociales y religiosas, incluyendo a Francisco Álvarez Valdez de Participación Ciudadana y Thelma Pichardo del Centro Juan XXIII.
Contexto del Escándalo
El escándalo se desató en abril de 2026, cuando se filtró la resolución que aprobaba un aumento de hasta el 50% en beneficios y compensaciones para los miembros del Pleno. Esto generó un fuerte rechazo social.
La controversia se intensificó debido a que el sueldo base de la presidencia ya superaba los RD$ 423,000, en un momento en que la institución enfrentaba críticas por la escasa cantidad de auditorías realizadas.
Además, el aumento salarial violaba el artículo 140 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos legislar en beneficio propio.
Esto llevó a diversos sectores a calificar la medida como una falta de ética.
Ante la presión social y las críticas, los miembros de la Cámara de Cuentas enviaron una comunicación al Senado el 9 de abril, dejando sin efecto la resolución polémica.
