CARACAS. – La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha comenzado el proceso para seleccionar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este martes se designó una comisión de diputados para cubrir las «vacantes» existentes en el máximo tribunal del país.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mencionó que hay «algunas plazas vacantes» de magistrados, aunque no especificó cuántas ni de qué áreas.
Esta falta de detalles ha generado inquietud sobre el proceso de selección.
Con el objetivo de avanzar en este proceso, se formó un «comité preliminar» que se encargará de establecer el Comité de postulaciones judiciales.
Este comité será responsable de hacer un llamado público para recibir aplicaciones, evaluar propuestas y elegir a los nuevos jueces del TSJ.
Composición de la Comisión
La comisión preliminar está compuesta por once miembros, aprobados por la mayoría de la plenaria.
El diputado chavista Giuseppe Alessandrello preside este grupo.
Además de Alessandrello, forman parte de la comisión los parlamentarios chavistas Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desiree Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas y José Villarroel.
También se incluyen representantes de la oposición minoritaria, como Luis Augusto Romero y Félix Freites.
La Constitución venezolana establece que el Comité de postulaciones judiciales debe realizar una convocatoria abierta para los candidatos, evaluar sus credenciales y enviar una preselección al Poder Ciudadano. Este último debe realizar una segunda preselección antes de que el Parlamento elija a los nuevos magistrados.
Contexto y Relevancia
Recientemente, el Parlamento designó a nuevos titulares de la Fiscalía y la Defensoría, Larry Devoe y Eglée González Lobato, respectivamente.
Ambos nombramientos fueron aprobados por la mayoría chavista, a pesar de la oposición de otros candidatos propuestos.
Este proceso de selección de magistrados se inicia dos meses después de la promulgación de la Ley de Amnistía, que ha permitido la liberación de más de 8.000 personas, aunque las identidades no han sido reveladas públicamente.
La ONG Foro Penal ha informado que, hasta el 20 de abril, hay 473 detenidos por motivos políticos, de los cuales 43 son extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad.
Este contexto añade una capa de complejidad al proceso judicial en el país.
