Los demandantes han solicitado un cambio en la calificación jurídica del caso Jet Set. Esto permitiría que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat enfrenten penas superiores a dos años de prisión.

La petición se presentó ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional durante el juicio preliminar.

El juez Raymundo Mejía es quien debe decidir sobre esta solicitud. Los demandantes argumentan que la actual calificación de homicidio involuntario, otorgada por el Ministerio Público, limita las posibles penas a un máximo de dos años.

Esto se basa en el artículo 319 del Código Penal Dominicano.

Dicho artículo establece que el homicidio involuntario se castiga con prisión de tres meses a dos años.

Sin embargo, los demandantes consideran que los hechos del caso justifican una calificación más severa.

Argumentos de los demandantes

El abogado Luis Aybar, que representa a diez de las víctimas, critica la decisión del Ministerio Público.

Afirma que la calificación actual es un «absurdo» y no refleja la gravedad de los hechos.

Según él, hay pruebas que indican que los hermanos Espaillat eran conscientes de la situación del techo del negocio.

Aybar menciona el testimonio de Gregory Adames, quien supuestamente aportó información crucial al Ministerio Público.

Asegura que este testimonio revela el conocimiento que tenía Antonio Espaillat sobre las condiciones del establecimiento.

El abogado también lamenta que el juez no permitiera escuchar a Adames como testigo. Según Aybar, este testigo tiene videos que documentan la situación en el negocio durante más de un año.

Comparaciones con otros casos

Aybar critica la aparente leniencia del Ministerio Público hacia los hermanos Espaillat. Recuerda que en otros casos similares se han impuesto calificaciones más severas.

Menciona el caso de un indigente que fue condenado a 20 años de prisión por un homicidio involuntario.

Este indigente, con problemas mentales, lanzó una piedra que causó la muerte de una persona en 2022.

Aybar señala que el Ministerio Público no mostró la misma consideración en ese caso que en el de los Espaillat.

La situación plantea interrogantes sobre la consistencia del sistema judicial en la calificación de delitos y la imposición de penas.

Los demandantes esperan que el juez Mejía tome en cuenta sus argumentos para modificar la calificación del caso.