La defensa de Melitón Cordero, exjefe de la DEA en República Dominicana, ha solicitado más tiempo ante un tribunal federal en Washington D.C.

para revisar las pruebas en su contra. Esta petición busca permitir que su equipo legal realice una investigación más exhaustiva y explore opciones para evitar un juicio.

El tribunal ha reprogramado la audiencia preliminar para el 11 de junio de 2026, excluyendo el tiempo transcurrido bajo la Ley de Juicio Rápido.

La decisión se tomó tras una moción conjunta presentada por la fiscalía y la defensa, que argumentaron la necesidad de un análisis detallado del material probatorio.

Ambas partes destacaron que el tiempo adicional podría facilitar conversaciones que lleven a una resolución del caso sin necesidad de juicio.

La fiscalía, a través de un documento firmado por Jeanine Pirro, enfatizó que los intereses de la justicia superan el derecho a un proceso expedito.

Detalles del Caso

Cordero fue acusado el 12 de febrero de 2026 por conspiración, soborno y fraude de visa. Ese mismo día fue arrestado y al siguiente compareció ante el tribunal.

Desde entonces, la fiscalía ha proporcionado material preliminar que incluye informes de investigación y comunicaciones relevantes.

La defensa ha argumentado que necesita más tiempo para examinar estos documentos y evaluar posibles estrategias legales.

El tribunal coincidió en que conceder este tiempo beneficiaría tanto a la defensa como al proceso judicial en general.

Además, el tribunal autorizó la participación de la abogada Mary E. Carpenito en la defensa de Cordero, permitiéndole actuar en este caso específico.

Carpenito es miembro de los colegios de abogados de Nueva York y Nueva Jersey, y está habilitada para litigar en tribunales federales.

Contexto y Consecuencias

El 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el cierre de la oficina de la DEA en el país, citando la corrupción como una violación de la confianza pública.

La destitución de Cordero se conoció poco después de su arresto, en el marco de una investigación sobre el uso indebido de un programa de visas para informantes.

Las acusaciones indican que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición para tramitar al menos 119 solicitudes de visa fraudulentas, presentando a los solicitantes como «fuentes confidenciales» de la DEA.

A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.

La decisión del tribunal de otorgar más tiempo a la defensa podría facilitar un desenlace que evite un juicio, dependiendo de cómo avancen las conversaciones entre las partes en las próximas semanas.