En el marco del Día de la Tierra, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camiperd) propuso la actualización del marco legal del sector minero.

Esta iniciativa incluye la incorporación de criterios científicos para definir zonas donde no se permitirá la actividad extractiva.

La propuesta sugiere la creación de «No-Go Zones», áreas de exclusión determinadas por estudios técnicos.

Estas zonas priorizarían la protección de cuencas hídricas y ecosistemas, y serían establecidas por el Estado a partir de evaluaciones hidrogeológicas.

Martín Valerio, director ejecutivo de Camiperd, destacó que la iniciativa busca establecer parámetros claros sobre las áreas donde no se permitirían operaciones mineras.

Esto se integraría a las disposiciones de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.

Revisión de normativas y obligaciones financieras

La organización también propuso revisar la Ley 146-71 para adaptarla a la Constitución de 2010 y a los desafíos ambientales actuales.

Se busca que la normativa esté alineada con las necesidades contemporáneas del país.

Otro aspecto importante es la creación de mecanismos que vinculen el cumplimiento ambiental con la continuidad de las operaciones mineras.

El incumplimiento podría resultar en la cancelación del derecho a operar.

En cuanto al cierre de minas, Camiperd sugirió que las empresas deben asumir desde el inicio obligaciones financieras para la remediación ambiental.

Estas obligaciones estarían sujetas a seguimiento por parte de las autoridades competentes.

Transparencia y estándares internacionales

Pedro Esteva, presidente de Camiperd, agregó que la propuesta incluye garantías financieras para asegurar la recuperación de las áreas intervenidas.

Esto es fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente.

La organización también enfatizó la importancia de implementar herramientas de transparencia y monitoreo. Esto incluiría la adopción de estándares internacionales y sistemas de medición hídrica, alineados con la meta nacional de desarrollo.

Camiperd, creada en 1997, agrupa a empresas del sector extractivo y participa activamente en discusiones sobre políticas públicas relacionadas con la minería y el medio ambiente.