Los motoconchos han evolucionado más allá de ser una simple opción de transporte. Hoy en día, representan tanto la solidaridad de barrio como la improvisación y el desorden que caracterizan nuestras calles.

En cada esquina, hombres han hecho de las motocicletas su medio de vida, facilitando el transporte público de manera rápida y efectiva.

No obstante, el reciente incidente en Santiago, donde un grupo de motoconchos asesinó a un chofer de un camión colector, nos obliga a reconsiderar esta realidad.

Este hecho no es aislado, sino un reflejo de cómo la informalidad puede convertirse en una amenaza para la seguridad pública.

La seguridad, entendida como la acción del Estado para mantener el orden y controlar la criminalidad, se ve comprometida.

El motoconcho, que debería simbolizar movilidad rápida y económica, se ha transformado en un foco de inseguridad.

Regular esta actividad no implica destruir el modo de vida de los motoconchistas, sino organizarlos.

Se necesita un sistema que los registre, con chalecos numerados, rutas definidas y capacitación en normas de tránsito.

La necesidad de regulación

La regulación no debe considerarse un castigo, sino una política de seguridad. Cada motoconchista debería pasar por un registro obligatorio, con identificación biométrica y matrícula visible.

Esto ayudaría a separar a quienes buscan ganarse la vida honestamente de aquellos que utilizan la moto como herramienta de violencia.

Un aspecto crucial es la implementación de pruebas antidoping. Aunque puede parecer radical, es esencial garantizar que quienes transportan personas no lo hagan bajo los efectos de sustancias.

Las pruebas periódicas de alcohol y drogas deberían ser parte de la certificación, al igual que en otros sectores del transporte.

Además, la capacitación debe incluir la resolución pacífica de conflictos. Los motoconchistas no pueden ser vistos como actores que responden con violencia.

Al ofrecer un servicio colectivo, deben aprender a manejar la tensión del tránsito con disciplina y respeto.

Consecuencias y sanciones

Todo esto requiere un sistema de sanciones claras y rápidas. Las multas por infracciones menores, la suspensión inmediata de licencias en casos de agresión y la responsabilidad penal para grupos que inciten disturbios son fundamentales.

Sin consecuencias firmes, la depuración y las pruebas antidoping serían ineficaces.

Regular a los motoconchos es, en última instancia, regular nuestra convivencia. Es reconocer que la libertad de ganarse la vida no puede estar por encima de la seguridad colectiva.

Si queremos evitar que incidentes como el de Santiago se repitan, debemos avanzar hacia la formalidad, con depuración, antidoping y control real.

La seguridad pública no es negociable.