El cumplimiento de las leyes mineras en el país ha sido objeto de controversia. Cada cuatro años, el presidente toma un juramento ante la Asamblea Nacional, prometiendo respetar y hacer cumplir las leyes.

Sin embargo, muchas de estas normativas, especialmente las relacionadas con la minería, parecen ser ignoradas por el gobierno.

La falta de cumplimiento deja al país vulnerable, sin la protección legal necesaria. Los críticos argumentan que si las leyes no se van a respetar, sería mejor anularlas.

Esto ha generado un ambiente de incertidumbre en el sector minero.

Desde hace años, grupos de ambientalistas han surgido, protestando contra la minería y cuestionando las concesiones otorgadas por el Estado.

Sin embargo, algunos de estos opositores parecen desconocer las leyes que regulan la actividad minera.

Normativas en el sector minero

La ley 146-71, en su artículo 11, establece que las concesiones mineras otorgan derechos exclusivos sobre las sustancias encontradas en el área concesionada.

A pesar de su antigüedad, esta ley sigue vigente y permite a las empresas mineras explorar y explotar los recursos.

Por otro lado, la ley 64-00 de medio ambiente también es relevante. Su artículo 40 exige que cualquier proyecto que pueda afectar el medio ambiente obtenga un permiso ambiental.

Esto implica que el gobierno tiene la obligación de otorgar dicho permiso a las empresas que cumplan con los requisitos establecidos.

Sin embargo, la ley menciona a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, una entidad que ya no existe.

Esto ha llevado a la necesidad de actualizar la legislación para reflejar la estructura actual del gobierno.

Propuestas para el futuro

La Constitución Dominicana, en su artículo 17, establece que los recursos naturales solo pueden ser explotados bajo criterios ambientales sostenibles.

Se propone modificar este artículo para garantizar que los beneficios de la explotación se distribuyan equitativamente entre las empresas, el Estado y las provincias afectadas.

Además, se sugiere la creación de un patronato que supervise el uso de los recursos obtenidos, asegurando que se destinen a proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades locales.

Este patronato estaría compuesto por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Finalmente, se plantea la necesidad de establecer un régimen de consecuencias para quienes impidan el cumplimiento de la ley.

Esto incluiría sanciones severas para aquellos que no puedan demostrar científicamente el daño ambiental de un proyecto minero.