La Suprema Corte de Justicia decidirá el próximo jueves si la jueza Isis Muñiz continuará con el caso del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

Este último está acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo del Ministerio Público.

La defensa de Valdez Alcántara ha recusado a la jueza, argumentando que su participación en la entrega controlada del dinero compromete su imparcialidad.

Según ellos, Muñiz tuvo acceso a pruebas clave que no han sido compartidas con la defensa.

Isis Muñiz es la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y fue designada para conocer la medida de coerción del fiscal imputado.

Detalles de la recusación

La recusación fue presentada ante la Suprema Corte, que ha asignado al juez Francisco Jerez Mena para revisar el caso y hacer recomendaciones al pleno. La defensa sostiene que la jueza no puede ser imparcial debido a su involucramiento en el proceso.

En su solicitud, el Ministerio Público afirma que Valdez Alcántara presionó al testigo Roberto Canaán para obtener dinero a cambio de influir en un caso de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El expediente revela que el fiscal insistió en el pago y estableció una fecha límite para la entrega del dinero.

Además, se menciona que utilizó información privilegiada para manipular la situación a su favor.

Acusaciones y medidas solicitadas

La acusación detalla que Valdez Alcántara intentó alterar el curso del proceso judicial a cambio de un beneficio económico que inicialmente ascendía a 200,000 dólares, pero luego se redujo a 150,000 dólares.

Asimismo, se alega que el imputado exigió un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz como parte del supuesto acuerdo ilícito.

El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva para Valdez Alcántara mientras se lleva a cabo la investigación en su contra.