Amnistía Internacional (AI) ha emitido un informe anual que revela un deterioro significativo de los derechos humanos en América.

La organización señala que las restricciones a la disidencia y las protestas se han intensificado en varios países de la región.

Además, se ha ampliado el uso del aparato estatal para silenciar críticas mediante detenciones arbitrarias y violencia institucional.

Entre los principales focos de preocupación, AI menciona a Venezuela, Nicaragua y El Salvador. En estos países, se han documentado patrones sistemáticos de persecución política.

También se destaca la situación en México, donde persiste la crisis de desapariciones forzadas, y en Estados Unidos, por el uso excesivo de la fuerza y políticas migratorias restrictivas.

El informe subraya que el espacio cívico en la región sigue en deterioro, afectando la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

AI ha documentado que en al menos una docena de países, como Argentina, Chile y Cuba, se han registrado restricciones a las protestas, así como el uso ilícito de la fuerza por parte de las autoridades.

Violaciones a la libertad de prensa y defensores de derechos humanos

La organización también alerta sobre el aumento de agresiones contra periodistas, incluyendo asesinatos en Colombia, Ecuador, México y Perú.

Se ha observado un uso creciente de mecanismos legales para intimidar a la prensa, como demandas por difamación y procesos penales irregulares.

La situación de los defensores de derechos humanos es crítica, con ataques y asesinatos reportados en casi todos los países.

Los activistas que defienden el medioambiente y los territorios indígenas enfrentan un riesgo especial. En Colombia, se prevé que la violencia contra estos líderes supere los niveles de años anteriores.

El informe también menciona que en Brasil, una operación policial resultó en más de 120 muertes en Río de Janeiro.

En Estados Unidos, la policía mató a 1.143 personas en 2025, afectando desproporcionadamente a la población negra.

Condiciones de detención y derechos económicos

Las condiciones de detención en varios países son alarmantes, con hacinamiento y falta de atención médica.

En El Salvador, se denuncian torturas y muertes bajo custodia. AI destaca que más de 90,000 personas están detenidas sin pruebas suficientes en el marco del régimen de excepción en ese país.

Además, la falta de garantías en derechos económicos y sociales afecta a grupos discriminados. En países como Haití, Cuba y Venezuela, se registran fallas graves en servicios básicos como salud y agua potable.

AI también advierte sobre la persistencia de desapariciones forzadas, especialmente en México, donde la ONU ha activado un procedimiento para investigar si se trata de una práctica sistemática.

Casos similares han sido documentados en otros países de la región.