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Motocicletas sin control amenazan la seguridad nacional, advierte Finjus

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La reciente muerte de un conductor de camión recolector en Santiago, tras ser agredido por un grupo de motoristas, resalta un problema estructural que afecta la seguridad ciudadana, según la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Este trágico suceso no debe ser considerado un hecho aislado, sino que refleja una realidad alarmante.

En diversas áreas del país, grupos de motoristas operan con una lógica de intimidación y control que supera la simple informalidad del transporte.

Finjus advierte que esta situación se asemeja a estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado.

La falta de regulación efectiva ha permitido que miles de motocicletas circulen sin control, muchas de ellas vinculadas a actos delictivos.

La sensación de impunidad

El incidente en Santiago no solo expone un acto violento, sino también la impunidad con la que estos grupos actúan.

Se sienten con la libertad de desafiar la ley sin temor a consecuencias.

La frecuencia con la que los motoristas infringen las normas de tránsito genera un clima de incertidumbre.

Esto ha llevado a una creciente demanda social por un control efectivo de las vías públicas.

Finjus sostiene que no se puede permitir que el desorden y la violencia reemplacen el imperio de la ley.

El transporte en motocicletas debe ser regulado y no puede seguir funcionando como un espacio exento de controles.

Un llamado a la acción

La fundación exige una respuesta firme del gobierno, considerando esta problemática como un asunto de seguridad nacional.

Propone una intervención especial en materia de tránsito y seguridad vial, coordinando esfuerzos entre diversas instituciones.

Es fundamental implementar operativos permanentes para sancionar a motocicletas y conductores irregulares, así como desmantelar estructuras organizadas de violencia.

Además, se deben evaluar medidas excepcionales para restablecer el orden público en áreas donde la autoridad ha sido desplazada.

No se trata de criminalizar a quienes trabajan honestamente, sino de enfrentar a quienes han convertido este sector en un espacio de desorden.

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