Las prescripciones excesivas de análisis, estudios, medicinas y tratamientos han generado un costo millonario que afecta tanto la salud de los afiliados como el equilibrio financiero del Sistema de Salud.

Esta situación pone de manifiesto la urgente necesidad de una gestión del riesgo más efectiva que pueda identificar y prevenir estas prácticas ilegales.

Durante más de una década, se ha observado un aumento en la realización de exámenes de laboratorio, hospitalizaciones y prescripciones innecesarias.

Esto no solo incrementa el gasto familiar, sino que también perjudica el sistema de salud, afectando a los afiliados de manera directa.

De acuerdo con datos de la SISALRIL y la OPS, entre 2019 y 2024 se registraron 395,248 hospitalizaciones evitables, lo que representa el 16% del total, con un costo de RD$12.4 mil millones.

En 2019 se realizaron 3,731 procedimientos, cifra que aumentó a 8,504 en 2024.

Denuncias de corrupción en el sistema de salud

El dr. Pedro Ureña ha denunciado la existencia de una relación comercial entre médicos que incentiva la realización de procedimientos innecesarios, priorizando el lucro sobre la salud del paciente.

Esta falta de ética se concentra en algunos centros privados que buscan desfalcar al SENASA y otras ARS.

Los médicos han señalado que el problema comienza en hospitales públicos, donde algunos médicos inescrupulosos refieren a pacientes subsidiados a clínicas privadas para realizar procedimientos como cateterismos o angioplastias, a cambio de comisiones.

El dr. Ureña advirtió que la cardiología intervencionista en el país enfrenta una crisis que va más allá de lo médico, convirtiéndose en un dilema ético.

La corrupción institucionalizada y el sistema de pagos por referimientos son prácticas que involucran a varios especialistas, como emergenciólogos y cardiólogos.

Falta de supervisión y vigilancia

El dr. Fulgencio Severino ha calificado de grave la situación de pacientes sometidos a procedimientos innecesarios.

Esta práctica fraudulenta es de conocimiento público, pero no ha sido abordada por las autoridades de Salud Pública ni por los gremios profesionales.

Los especialistas y expertos han expresado su preocupación por la falta de supervisión en el Ministerio de Salud Pública.

La ausencia de un control riguroso en el cumplimiento de los protocolos establecidos para el tratamiento de pacientes es alarmante.

Estas irregularidades evidencian que no es suficiente con erradicar el fraude interno en el SENASA.

Es fundamental identificar y sancionar las prácticas ilegales que se originan en los hospitales públicos.