La abogada Yamile Gutiérrez ha expresado su preocupación sobre las recientes medidas regulatorias en el sector de juegos de azar en República Dominicana.

Según ella, estas regulaciones podrían generar más incertidumbre que orden, afectando tanto la seguridad jurídica como la competitividad de la industria.

Gutiérrez se refirió a la Resolución 217-2025, emitida por el Ministerio de Hacienda y Economía. Esta resolución ha elevado las exigencias en prevención de lavado de activos, aumentando los estándares de cumplimiento y supervisión para los operadores formales.

A pesar de estas medidas, la abogada señaló que el impacto ha sido desigual. Las empresas reguladas enfrentan mayores cargas, mientras que el sector informal sigue operando sin la supervisión del regulador.

Desafíos en la regulación del sector

En este contexto, Gutiérrez mencionó la Resolución 161-2026, que establece un esquema de evaluación de idoneidad para accionistas y personal operativo.

Este sistema de revisión continua condiciona la permanencia de las empresas en el mercado.

Aunque esta medida se alinea con estándares internacionales y la Ley 155-17, la falta de criterios claros puede abrir la puerta a la discrecionalidad administrativa.

Esto, a su vez, podría afectar la estabilidad jurídica de los operadores.

Además, Gutiérrez abordó el Decreto 197-2026, que reabre el proceso de regularización de bancas de apuestas.

Sin embargo, persisten desafíos como los criterios de distancia y control del sector informal.

Necesidad de una ley integral

La abogada valoró la designación de Teófilo Quico Tabar al frente del Consejo Consultivo. Destacó su experiencia como un elemento clave para encontrar soluciones en un proceso que requiere mayor efectividad institucional.

Gutiérrez enfatizó que el sector de juegos de azar necesita urgentemente una ley integral que modernice el marco normativo.

Sin esta actualización, se corre el riesgo de perpetuar un sistema que penaliza a quienes cumplen y tolera a quienes evaden la regulación.

Finalmente, advirtió que, aunque la regulación es necesaria, la falta de claridad y coherencia podría desordenar el sector y fomentar la ilegalidad.

La abogada concluyó que es fundamental una ejecución efectiva de las regulaciones para lograr un orden real en la industria.