El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para siete motoristas acusados del asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada.

Este crimen ocurrió tras una persecución que culminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Se les acusa de haber formado una asociación para interceptar y matar a Abreu Quezada, un chofer de camión de recolección de desechos.

Deivy Carlos Abreu Quezada falleció mientras recibía atención médica en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha instruido a los fiscales a presentar cargos preliminares por asesinato.

Detalles del crimen

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, destacó la gravedad del caso, señalando que la conducta de los acusados se enmarca en un acto de asesinato.

La Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas, ha estado recopilando pruebas materiales y testimoniales para demostrar que los imputados actuaron como una turba criminal.

Según la investigación, Abreu Quezada fue perseguido por los motoristas mientras conducía su camión. Un motorista, actualmente prófugo, intentó forzar su detención tras un supuesto roce vehicular.

Sin embargo, la víctima continuó su marcha al notar la agresividad de sus perseguidores.

El informe indica que el motorista se desmontó de su moto y la colocó frente al camión para obligar a Abreu Quezada a detenerse, pero este siguió avanzando.

Finalmente, fue interceptado en el Palacio de Justicia, donde buscaba protección de la turba que lo acosaba.

Pruebas y acusaciones

La Fiscalía de Santiago ha indicado que no hay evidencia de que algún motorista resultara herido durante el incidente.

Los siete imputados enfrentan cargos por violación a varios artículos del Código Penal Dominicano, relacionados con la asociación para cometer un crimen.

Las pruebas incluyen grabaciones donde se escucha a los acusados gritar «mátalo, mátalo», lo que evidencia su intención de causar daño.

Además, el Ministerio Público posee el arma blanca utilizada en el ataque, que causó una herida mortal a la víctima.