La Embajada de Estados Unidos ha anunciado el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo, una medida que responde a presuntas irregularidades dentro de su personal.

El canciller dominicano, en un intento por despejar dudas, afirmó que ningún funcionario dominicano está involucrado en este escándalo.

Sin embargo, esta aclaración ha generado más interrogantes que respuestas.

La DEA operaba en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), compartiendo no solo espacio físico, sino también coordinación operativa.

Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la corrupción: ¿es un caso aislado de agentes estadounidenses o hay una narrativa diseñada para proteger la imagen del gobierno dominicano y evitar un escándalo bilateral?

El cierre de la oficina de la DEA pone de manifiesto tres realidades preocupantes:

• Dependencia estructural: La DNCD ha dependido durante años de la colaboración con agencias extranjeras, y la salida de la DEA expone la vulnerabilidad de esta relación.
• Transparencia selectiva: Al excluir a los dominicanos de la investigación, se prioriza la relación bilateral, pero se deja al país sin respuestas claras sobre la situación.
• Oportunidad perdida: El gobierno dominicano debería haber anunciado una auditoría interna para demostrar su compromiso con la transparencia y la institucionalidad.

Aceptar sin cuestionamientos la versión estadounidense puede resultar cómodo, pero también peligroso. La República Dominicana debe demostrar que su lucha contra el narcotráfico es independiente y que tiene la capacidad de investigar y sancionar cualquier irregularidad.

Es esencial que el gobierno audite la DNCD y sus vínculos con la DEA, refuerce sus mecanismos de control y convierta esta crisis en un punto de inflexión para la institucionalidad nacional.

La corrupción denunciada por la embajada estadounidense como “una violación repugnante de la confianza pública” no se limita a una nacionalidad.

Ignorar que puede afectar a ambos lados del escritorio compartido es una ingenuidad que la ciudadanía no debe aceptar.

El cierre de la DEA no es solo un problema estadounidense; es un llamado a la República Dominicana a reflexionar sobre su propia situación.

La cuestión no es si hay dominicanos implicados, sino si el Estado dominicano está dispuesto a investigarse a sí mismo y a demostrar que su soberanía no se negocia ni se oculta tras comunicados diplomáticos.