Las autoridades dominicanas afirman que ninguna persona en condición migratoria irregular puede permanecer en el país, justificando así los operativos de detención y deportación.

Sin embargo, documentos oficiales revelan una política paralela que contradice este mensaje público.

En abril de 2023, la República Dominicana firmó un acuerdo con el Banco Mundial para implementar un proyecto de US$4.6 millones y más de RD$270 millones destinado a registrar inmigrantes irregulares, capacitar a mujeres extranjeras y promover su inclusión social, sin requerir un estatus migratorio regular.

El proyecto, denominado Respuesta multisectorial a la movilidad humana, involucra a varias instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Migración, el Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística.

Iniciado en junio de 2023, el programa se extenderá hasta julio de 2026, y hasta la fecha se han desembolsado más de US$3 millones.

• El Instituto Nacional de Migración lidera el proyecto con US$1.4 millones para consultorías y fortalecimiento institucional.
• SIUBEN recibe más de US$1 millón para adaptar su plataforma e incorporar a 85,000 hogares de extranjeros a la base social del Estado.
• La Dirección General de Migración cuenta con US$380,000 para hacer sus operativos más humanos.
• DIECOM tiene asignados US$190,000 para campañas de comunicación sobre migración.
• El Ministerio de la Mujer ejecuta un componente específico para mujeres inmigrantes, con un enfoque en capacitación y provisión de equipos.

Un aspecto crítico del acuerdo es que ninguna persona puede ser excluida por su situación migratoria, y los datos recopilados no deben compartirse con la Dirección General de Migración.

Esta cláusula está claramente estipulada en los documentos.

El plan de compras revela que los fondos no se destinan a reforzar la frontera ni a aumentar controles migratorios, sino a gestionar la percepción social sobre la migración.

Se han aprobado gastos para material educativo, software de monitoreo de redes sociales y una encuesta nacional sobre percepción migratoria.

La contradicción es evidente: mientras se exige control migratorio y cumplimiento de la ley, el Estado se compromete a no excluir a inmigrantes irregulares e integrarlos en estructuras sociales.

Esta situación refleja una política migratoria fragmentada, donde el discurso oficial y los compromisos escritos no coinciden.