La jurista y defensora de derechos humanos Patricia Santana Nina ha alertado sobre un posible “abuso de poder” en el arresto de Alicia Anabel Santos Díaz, detenida por un presunto ultraje al Himno Nacional.

Santana Nina considera que esta acción es desproporcionada y contraria a los principios del Estado de derecho.

“Quiero saber hasta qué punto se va a estirar la soga de la arbitrariedad y de la injusticia en este país”, declaró la especialista en derecho constitucional y administrativo.

Cuestionó la orden de arresto por un hecho que, según ella, no conlleva sanciones severas y que involucra a una persona sin vinculación directa con el contenido que originó el proceso.

“Dictar una orden de arresto por un hecho que no conlleva sanciones graves y contra alguien que no tiene relación con lo que se le imputa es una arbitrariedad y un abuso de poder”, afirmó Santana Nina.

Contexto del caso

Alicia Anabel Santos Díaz fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en el marco de una investigación por un presunto ultraje al Himno Nacional.

Este caso está relacionado con la lectura del texto “Himno Nacional Lésbico Dominicano” durante una actividad cultural.

En agosto de 2025, la escritora dominicana Yoseli Castillo Fuertes asumió públicamente la autoría del texto, aclarando que se trató de una creación literaria personal.

Castillo Fuertes destacó que ninguna otra persona o institución participó en su elaboración y que el poema no tenía como objetivo sustituir el Himno Nacional, sino reflexionar sobre identidad, derechos humanos y diversidad.

Además, mencionó que desconocía la existencia de la Ley 210-19, ya que reside en un país sin restricciones similares a la libertad de expresión.

La autora también indicó que los asistentes a la actividad no conocían el contenido del poema antes de su lectura, y ofreció disculpas por la controversia generada, manifestando su deseo de que la situación no afecte a organizaciones ni a defensores de derechos humanos.

Debate sobre proporcionalidad y debido proceso

Para Santana Nina, el caso plantea interrogantes sobre los límites del poder punitivo del Estado y la necesidad de actuar conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.

La jurista enfatizó que la protección de los símbolos nacionales no debe traducirse en medidas excesivas que restrinjan derechos, y subrayó que existen alternativas menos gravosas que una orden de arresto para abordar estas situaciones.

Este caso ha generado un amplio debate público sobre la libertad de expresión, el uso del derecho penal y la aplicación de la normativa sobre símbolos patrios, en un contexto donde diversos sectores piden una actuación más prudente y constitucional por parte de las autoridades.