El merenguero Omega El Fuerte, cuyo nombre real es Antonio Piter de la Rosa, presentó una querella penal contra Allegro Music y Planet Records, así como contra varias personas, por el uso no autorizado de más de 100 obras musicales. La acción fue dirigida a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, a través de la Unidad de Propiedad Intelectual y Delitos Especiales.
La querella incluye a José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y Anna Rinauro, además de varias sociedades comerciales vinculadas a Allegro Music. El abogado Wagner Rodríguez Mancebo representa al artista en este proceso, que pone de manifiesto la explotación de sus obras sin la debida autorización.
La documentación presentada revela que las composiciones de Omega están registradas en importantes sociedades internacionales de gestión colectiva, como BMI, GEMA, SACEM, SGAE, SIAE y SOCAN. Los reportes indican que hay 82 obras registradas bajo Canciones Allegro Music en BMI, 47 en GEMA, 19 en SACEM, 67 en SGAE, 100 en SIAE y 22 en SOCAN.
Según la representación legal de Omega, estas inscripciones reflejan la atribución de derechos editoriales a favor de entidades que no cuentan con una cesión válida de esos derechos. Un contrato exclusivo de grabación firmado en 2005 entre Omega y Allegro Productions no incluye una cesión expresa de derechos editoriales, lo que ha llevado a esta acción judicial.
Además, se menciona un contrato editorial denominado Montaño Publishing Inc., el cual nunca fue firmado por el artista. La diferencia entre los derechos sobre fonogramas y los derechos editoriales es un punto clave en el caso.
La querella también destaca la vinculación de Roberto Ferrante como artista principal en cuatro canciones de Omega en plataformas como Spotify, YouTube Music y Amazon Music. Estas atribuciones, según la defensa, afectan los derechos de autor y composición del artista.
Omega reclama una indemnización de CINCO MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$5,000,000.00) por daños patrimoniales y extrapatrimoniales. También solicita la devolución de los ingresos generados por la explotación de sus obras y una investigación sobre la trazabilidad financiera de los involucrados.
La acción penal se fundamenta en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal. El abogado Rodríguez Mancebo enfatiza la importancia de proteger el patrimonio intelectual de los artistas dominicanos y el respeto a los contratos en la industria musical.

