Un grupo de 17 pescadores ecuatorianos ha demandado al Gobierno de Estados Unidos por un ataque con drones militares que, según ellos, resultó en el secuestro y tortura de su tripulación. La demanda fue presentada ante una corte federal en Pensilvania y acusa al Gobierno del expresidente Donald Trump de causar angustia emocional, agresión y lesiones, así como detención ilegal y destrucción de propiedad.
Los demandantes buscan una compensación por daños y solicitan que la corte ordene el cese de estos ataques en el Caribe y el Pacífico. El ataque, que tuvo lugar cuando el barco Negra Francisca Duarte II regresaba a Manta tras dos semanas de pesca cerca de las islas Galápagos, es parte de la campaña de EE.UU. conocida como Operación Lanza del Sur, que según la organización WOLA, ha dejado al menos 227 muertos.
El Gobierno de EE.UU. ha defendido esta operación como una medida contra el «narcoterrorismo», aunque tanto el Pentágono como el Comando Sur han negado su implicación en el ataque al barco de los pescadores. Según el relato de la demanda, la embarcación fue interceptada previamente por la Marina de Ecuador, que la inspeccionó durante tres horas antes de permitirle continuar su viaje.
El ataque ocurrió el 17 de marzo, cuando dos drones armados lanzaron bombas sobre el barco, provocando un incendio. Dos pescadores, Jordy Alexander Flores y Leonel Alberto Pilay, resultaron gravemente heridos, mientras que el resto de la tripulación se lanzó al mar y logró llegar a unos botes de emergencia.
Al encontrarse con un «barco azul», la tripulación armada que los abordó hablaba inglés y algunos portaban uniformes de camuflaje con la bandera de EE.UU. y chalecos salvavidas con la inscripción ‘US Coast Guard’. Durante el traslado, Flores recibió atención médica, mientras que los demás fueron atados y cubiertos con bolsas en la cabeza.
Flores relató que, a través de un traductor, los miembros de la tripulación le dijeron que eran responsables del ataque. Posteriormente, los pescadores fueron llevados a El Salvador, donde permanecieron detenidos hasta finales de marzo.
El abogado Daniel M. Kovalik, quien representa a los pescadores, calificó el ataque como «extremo e indignante», afirmando que los pescadores no representaban ninguna amenaza para EE.UU. ni para su personal. Kovalik también subrayó que ninguno de los demandantes estaba vinculado a grupos narcotraficantes.
La demanda destaca que los pescadores han perdido su fuente de ingresos debido a la destrucción de su barco y enfrentan una grave situación económica, además de sufrir traumas psicológicos severos por el ataque y el secuestro. Este caso es al menos la segunda demanda presentada en EE.UU. por personas afectadas por ataques militares similares.

