El Estado dominicano enfrenta el desafío de tomar decisiones estratégicas en sus contrataciones públicas, como la ampliación de un puerto, la contratación de una plataforma digital y la compra de equipos para hospitales, que podrían comprometer su futuro si no se consideran las implicaciones a largo plazo. Esta preocupación fue expuesta en el I Congreso Internacional de la Red de Observatorios de Contratación Pública, celebrado en Punta Cana, donde se destacó que la neutralidad en los pliegos de contratación es una ilusión. Las decisiones no solo afectan qué se compra, sino también de quién se dependerá en el futuro.
Las grandes potencias han tomado medidas para proteger sus intereses. Desde 2019, Estados Unidos prohíbe a sus agencias federales contratar equipos de telecomunicaciones de ciertos fabricantes chinos, mientras que la Unión Europea cerrará sus licitaciones de dispositivos médicos a estos proveedores en 2025. En América Latina, la cuestión no es solo elegir entre Washington, Pekín o Bruselas, sino establecer criterios propios que no estén dictados por condiciones de financiamiento externas.
Un factor menos visible pero crítico es la burocracia defensiva, donde se opta por el menor precio o el procedimiento más rígido no por ser lo mejor, sino por ser más fácil de justificar ante la opinión pública y auditores. Este comportamiento fomenta una cultura en la que los funcionarios temen ejercer su criterio, lo que puede llevar a decisiones que, aunque correctas, no se toman por miedo a represalias.
En el actual contexto geopolítico, esta mentalidad puede generar dependencia, ya que se eligen opciones más económicas hoy, sin considerar que podrían atar al país a un único proveedor en el futuro. La falta de calificación de un contrato como estratégico evita la necesidad de motivar decisiones, dejando que el financista o el vendedor tomen el control de la situación.
La solución no radica en reducir la transparencia o la competencia, sino en interpretarlas adecuadamente para proteger el interés público. La competencia no se limita al momento de la apertura de ofertas; un Estado que se compromete con un único proveedor pierde su capacidad de competir desde el momento de la firma del contrato.
Propuestas para mejorar las contrataciones
Exigir interoperabilidad y propiedad de los datos no cierra mercados, sino que los mantiene abiertos durante la vigencia del contrato. La transparencia debe ser parte integral de la decisión, justificando la reserva de información solo cuando sea necesario, pero nunca ocultando las razones detrás de una decisión.
Para la República Dominicana, es esencial establecer reglas claras que atraigan a inversionistas y aliados. La Ley 47-25 proporciona un marco adecuado, pero su aplicación debe evitar caer en los viejos hábitos de la Ley 340-06. Se proponen tres criterios para evaluar contrataciones críticas: la criticidad del servicio, la dependencia de proveedores y la mejora verificable para el ciudadano.
Cualquier restricción de seguridad debe estar normada, motivada y revisable, lo que exige un control más riguroso. Es fundamental evaluar la calidad de la motivación de las decisiones y proteger a los funcionarios que actúan con fundamento técnico, mientras se exige responsabilidad a quienes se escudan en excepciones sin justificación.
La importancia de la planificación estratégica
La verdadera prueba de una contratación estratégica no se da en la adjudicación, sino cuando surgen problemas como el aumento de precios o cambios en las condiciones de financiamiento. En esos momentos, la capacidad del Estado para cambiar de proveedor sin interrumpir el servicio es crucial. Si no se identifican y justifican estas dependencias desde el inicio, el control de las contrataciones será ineficaz.
La pregunta clave es si estamos dispuestos a declarar explícitamente que un contrato es estratégico, con la debida motivación y control. Si no se hace, la burocracia defensiva prevalecerá, protegiendo a los funcionarios y proveedores, pero dejando desprotegido el interés público. En el futuro, las consecuencias de estas decisiones serán evidentes y el país deberá afrontar lo que firmó.

