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Nueva Ley de Contrataciones establece sanciones tras 20 años sin consecuencias

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El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció este lunes que la nueva Ley de Contrataciones Públicas establece un régimen de consecuencias, incluyendo sanciones administrativas y penales, para funcionarios y proveedores que cometan irregularidades en los procesos de compras del Estado. Este cambio se produce tras más de 20 años de legislación sin un sistema efectivo de consecuencias.

Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, Pimentel explicó que la legislación vigente desde 2006 fue modificada poco después de su promulgación, eliminando el régimen de consecuencias, lo que ha permitido que esta situación se mantenga durante más de dos décadas. “Tuvimos más de 20 años con una ley de contrataciones sin sistema de consecuencias”, afirmó.

La nueva ley, que cumple ya nueve meses en vigor, introduce un sistema que establece responsabilidades tanto para los servidores públicos como para los proveedores involucrados en procesos irregulares. Este marco normativo busca mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las adquisiciones estatales.

Pimentel también destacó la inclusión de mecanismos de compliance en la nueva legislación, que permite la designación de oficiales de cumplimiento en diversas instituciones del Estado. Esta iniciativa, que comenzó como un programa a través de un decreto presidencial, tiene como objetivo fortalecer la vigilancia interna y prevenir irregularidades en los procedimientos de compras.

Además, la legislación establece la obligación de remitir a la Procuraduría General de la República aquellos expedientes donde se identifiquen indicios de naturaleza penal, permitiendo que el Ministerio Público tome las acciones necesarias. Esta medida refuerza el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción.

Estos cambios son parte del esfuerzo por fortalecer el marco jurídico en la República Dominicana, buscando prevenir y controlar la corrupción en el manejo de los recursos públicos. La implementación de estas nuevas disposiciones es un paso significativo hacia una mayor transparencia en la gestión pública.

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