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Abinader reconoce fallas de control en Senasa desde su fundación

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El presidente Luis Abinader admitió este lunes que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha operado con fallas estructurales desde su creación, al señalar que la institución carecía de una Unidad de Auditoría Interna y de un consejo de administración que supervisara sus operaciones. Esta declaración se produce en un contexto donde el año pasado se destapó un escándalo de corrupción que habría causado un perjuicio superior a los 15,900 millones de pesos.

Abinader, en su intervención en LA Agenda Semanal, explicó que la naturaleza de Senasa como empresa pública descentralizada limitaba su estructura de supervisión, lo que afectaba los controles sobre sus decisiones administrativas. Para corregir esta situación, se han implementado medidas como la creación de un consejo de administración y la instalación de una unidad de auditoría interna.

El mandatario también comentó que los contratos con prestadoras de servicios de salud no estaban regulados por la Ley 340 de Compras y Contrataciones, lo que impedía a la Dirección General de Contrataciones Públicas supervisar estos procesos. En respuesta, el Gobierno ha establecido un decreto que requiere la aprobación de estos contratos por parte del consejo de Senasa antes de su ejecución.

Abinader enfatizó la necesidad de incorporar estos controles al marco legal de la institución para evitar la repetición de las debilidades estructurales identificadas. «Yo pienso que hay que cambiar la ley de Senasa e incorporar esos controles», afirmó.

Además, el presidente mencionó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de implementar mecanismos similares en otras dos instituciones públicas, aunque no especificó cuáles para no generar alarmas sobre su situación particular.

Estas declaraciones surgen en un momento en que la Contraloría General de la República busca fortalecer los controles internos y prevenir irregularidades en las instituciones estatales. El caso de Senasa se hizo público en junio de 2025, tras denuncias sobre su situación financiera y retrasos en los pagos a prestadores de servicios de salud.

En agosto de 2025, Abinader reemplazó a Santiago Hazim como director ejecutivo de Senasa y ordenó que un informe sobre las irregularidades detectadas fuera enviado a la Procuraduría General de la República. La investigación, conocida como Operación Cobra, resultó en acusaciones contra diez personas por un presunto esquema de corrupción que habría generado pérdidas superiores a los 15,900 millones de pesos.

El esquema investigado incluía manipulación de procesos internos, reclamaciones por servicios médicos no prestados, uso de empresas de papel y pagos de sobornos a favor de ciertos prestadores. Las autoridades han ampliado las investigaciones con una nueva fase llamada Senasa 2.0, donde se identificaron autorizaciones fraudulentas por más de 41 millones de pesos y se solicitaron medidas de coerción contra otros 25 implicados.

Actualmente, Santiago Hazim y otros acusados se encuentran en prisión preventiva, mientras que el Ministerio Público tiene un mes para presentar la acusación formal contra este primer grupo de imputados.

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