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Responsabilidad penal de empresas: nueva ley amplía plazo de vigencia

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La promulgación de la Ley núm. 88-26, que extiende a dieciocho meses el plazo de entrada en vigencia de los artículos 8 al 11 del nuevo Código Penal, plantea la necesidad de reflexionar sobre la responsabilidad penal de las empresas en la República Dominicana. Esta ampliación, que se extiende hasta mayo de 2028, busca facilitar la preparación empresarial y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de que esta responsabilidad sea una herramienta de justicia efectiva.

La Ley núm. 44-26 había otorgado anteriormente un plazo adicional de tres meses para la implementación de este régimen, que se sumaba al año de vacatio legis establecido por la Ley Orgánica núm. 74-25. La nueva normativa resalta la importancia de aprovechar este tiempo para que las empresas revisen sus estructuras internas y fortalezcan sus mecanismos de prevención.

Contexto de la responsabilidad penal empresarial

Es importante señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un concepto nuevo. La Ley núm. 479-08, sobre sociedades comerciales, ya contemplaba ciertos supuestos de responsabilidad penal empresarial. Sin embargo, el nuevo Código Penal introduce un régimen general con criterios de imputación más claros y un enfoque en la prevención de delitos.

La implementación de este régimen requiere un análisis cuidadoso, ya que una empresa no debe ser penalmente responsable solo porque un empleado o directivo comete una infracción. La ley establece que la responsabilidad debe examinar los deberes de dirección, control y supervisión dentro de la organización.

El penalista Carlos Gómez-Jara Díez, en su obra «Código Penal Comentado», subraya la necesidad de diferenciar entre la conducta individual y las deficiencias organizativas que pueden fundamentar la responsabilidad empresarial. Esto implica que la aplicación efectiva del nuevo régimen requiere una comprensión adecuada de sus disposiciones y un cambio gradual en las prácticas de gestión empresarial.

Desafíos y oportunidades para las empresas

El cumplimiento normativo debe ir más allá de manuales archivados; implica identificar riesgos, establecer controles y crear canales de denuncia. La Ley núm. 44-26 reconoce que los esfuerzos en esta dirección pueden tener efectos jurídicos, como atenuaciones vinculadas a programas efectivos y cooperación con las autoridades.

La regulación también establece un tratamiento diferenciado para micro, pequeñas y medianas empresas, permitiendo mecanismos de cumplimiento acordes a su naturaleza y nivel de riesgo. Esto es fundamental, ya que exigir las mismas estructuras a una empresa familiar y a una gran corporación no es igualitario, sino que ignora realidades distintas.

Además, la preparación no recae únicamente en el sector privado. El Ministerio Público y los tribunales también necesitan herramientas para diferenciar entre organizaciones que han facilitado conductas ilícitas por fallas de control y aquellas cuyos mecanismos de prevención han sido vulnerados. Esta distinción requiere un rigor probatorio y respeto al debido proceso, especialmente cuando las investigaciones pueden afectar la reputación de las entidades involucradas.

La República Dominicana enfrenta el reto de contar con empresas competitivas y un sistema de justicia que responda a las nuevas formas de criminalidad económica. La ley debe establecer responsabilidades claras y ofrecer garantías efectivas para lograr este objetivo.

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