El economista Jairon Severino advirtió que la informalidad, la deuda, los subsidios y las deficiencias del sector eléctrico limitan la capacidad financiera del Estado dominicano. Propuso un pacto nacional para aumentar las recaudaciones sin cargar a los contribuyentes cumplidores, considerando que la sostenibilidad de las finanzas públicas es un desafío clave para la República Dominicana.
Severino identifica la informalidad como uno de los principales obstáculos para mejorar la recaudación del Gobierno. Señaló que no solo es necesario determinar cuánto deben pagar los ciudadanos y empresas, sino también establecer mecanismos efectivos para supervisar a todos los agentes económicos.
El especialista destacó que muchas operaciones comerciales se realizan fuera de los controles tributarios, lo que dificulta a las autoridades conocer el volumen real de las actividades económicas y asegurar que todos contribuyan al sostenimiento de las finanzas públicas. Además, al referirse al ITBIS y otros impuestos al consumo, reconoció que los bajos salarios y la inflación han afectado el poder adquisitivo de los dominicanos.
Severino considera que la reducción del déficit fiscal no debe basarse en despidos masivos de empleados públicos, ya que esto podría tener graves consecuencias económicas y sociales. La nómina estatal cuenta con aproximadamente 800 mil empleos, y el sector privado no tiene la capacidad para absorber a todos esos trabajadores de inmediato.
En su análisis, también propuso revisar los subsidios y exenciones fiscales que reciben diversos sectores, argumentando que el modelo actual de facilidades fiscales necesita una evaluación para verificar su efectividad. “Creo que somos una sociedad hipersubsidiada”, afirmó, aludiendo al impacto de estos compromisos en las finanzas públicas.
Severino identificó el sector eléctrico como un componente crucial del desequilibrio fiscal, señalando que los costos asociados a esta actividad representan más de la mitad del déficit fiscal. Insistió en que es vital encontrar soluciones estructurales para aliviar las presiones financieras que enfrenta el Estado.
Otro punto importante que mencionó fue el costo del servicio de la deuda pública, indicando que más del 23% de cada RD$100 recaudados se destina al pago de intereses. Esto limita el margen disponible para financiar servicios públicos y programas sociales, lo que hace necesario un pacto nacional que incluya al Gobierno, partidos políticos y la ciudadanía.
Al evaluar el intento de reforma fiscal de 2024, Severino atribuyó su fracaso a deficiencias en la comunicación y falta de diálogo por parte del Gobierno. Consideró que la manera en que se presentó la propuesta amplificó su impacto negativo, convirtiéndola en una noticia desfavorable.
Finalmente, el economista subrayó la necesidad de crear condiciones para que las empresas aumenten su capacidad de producción y generen empleos sostenibles, sugiriendo que el Estado implemente políticas de incentivos para motivar a los trabajadores informales a formalizarse. También propuso auditar los incentivos y exenciones fiscales para asegurar que cumplan con sus objetivos de desarrollo económico.

