Los tribunales móviles anunciados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, buscan descongestionar las cárceles dominicanas, donde el 65 % de la población carcelaria está compuesta por presos preventivos, lo que equivale a más de 16 mil de un total de 25 mil privados de libertad. Esta iniciativa surge como una alternativa para abordar una crisis que afecta el sistema penitenciario del país.

El proyecto de tribunales móviles no es nuevo, ya que se implementó en 2018 en los recintos más saturados. A pesar de los resultados positivos que mostraron las estadísticas, la iniciativa fue interrumpida. Montero Montero, con su experiencia como juez, entiende que la descongestión de las cárceles es crucial para mejorar la administración de justicia.

Los retrasos en los procesos judiciales generan frustración tanto en los presidiarios como en sus familias, afectando su bienestar emocional y económico. Estos problemas son causados por dificultades en el transporte, cuestiones de seguridad y la ineficiencia burocrática que complican el traslado de los reclusos a los tribunales.

Aunque aún hay más acciones que se pueden tomar para aliviar la sobrepoblación carcelaria, la propuesta de tribunales móviles es un paso significativo para abordar esta problemática. Esta iniciativa se presenta como una forma de dar voz a quienes no la tienen y de representar los intereses de aquellos que trabajan por el bienestar de la nación.

La implementación de los tribunales móviles podría marcar un cambio importante en la forma en que se administra la justicia en el país, contribuyendo a un sistema más eficiente y humano.