La tragedia golpeó a la familia de Lovelie Joseph Raphael cuando su hija, Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, falleció durante una excursión escolar organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci en Hacienda Los Caballos, Gurabo, Santiago, el 14 de noviembre de 2025. La actividad, destinada a celebrar sus logros académicos, se tornó en un lamento que ha conmocionado a la sociedad dominicana y ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad en las actividades escolares.

A las 11:00 de la mañana, Lovelie recibió una llamada del colegio informándole que su hija había vomitado. Al preguntar por el centro médico al que sería trasladada, le indicaron que se dirigiera a Hacienda Los Caballos. Al llegar, encontró ambulancias y agentes policiales, pero las autoridades le aseguraron que su hija estaba bien. Sin embargo, más tarde, la llegada de miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) reveló la cruda realidad: su hija había fallecido.

Diez días después, el Ministerio Público clausuró Hacienda Los Caballos por operar sin las condiciones mínimas de seguridad. Durante una inspección, se constató la falta de salvavidas, equipos de rescate y botiquines, además de que las piscinas eran profundas para adultos, pero no seguras para niños. El administrador admitió que el lugar era alquilado principalmente para actividades con adultos, lo que evidenció la falta de preparación para la excursión escolar.

El 28 de noviembre, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, asumió la investigación, designando al procurador adjunto Wilson Camacho y a la procuradora de corte Olga Diná Llaverías para liderar las indagaciones sobre las circunstancias del fallecimiento de Stephora. Su intervención busca establecer responsabilidades en el caso.

El 3 de diciembre, la familia recibió un informe que reveló «negligencia extrema» por parte del personal del colegio. Las maestras no contactaron de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, sino que primero llamaron a la directora para recibir instrucciones, lo que retrasó la atención de la niña. Además, solo había tres maestros para supervisar a 87 niños, lo que plantea serias dudas sobre la vigilancia durante la excursión.

El proceso judicial avanzó y el 28 de mayo de 2026, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago impuso una garantía económica de ocho millones de pesos como medida de coerción a los implicados en el caso. Esta decisión, dictada por el juez Joob García, busca establecer responsabilidades, aunque no constituye una sentencia condenatoria.