El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra 10 personas y entidades de Venezuela e Irán, vinculadas a la proliferación de drones de combate y materiales para misiles balísticos.
Esta medida busca frenar el programa de misiles de Irán y limitar el desarrollo de armas convencionales.
Entre los sancionados se encuentra la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela.
Esta empresa ha sido acusada de adquirir, ensamblar y mantener aeronaves no tripuladas de diseño iraní, así como de negociar ventas millonarias de estos sistemas a las fuerzas armadas venezolanas.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que “el Tesoro está exigiendo responsabilidades a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas letales en todo el mundo”.
Además, subrayó que Estados Unidos continuará actuando para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense se beneficien de ello.
Las sanciones son parte de una directriz presidencial de seguridad nacional que busca proteger a los intereses estadounidenses y sus aliados en Oriente Medio, así como la estabilidad del transporte marítimo en el mar Rojo.
En el caso de Venezuela, el suministro de armas se considera un riesgo directo para los intereses de EE.UU.
en el hemisferio occidental.
Detalles sobre EANSA y los drones iraníes
La OFAC especificó que EANSA y su presidente, José Jesús Urdaneta González, están implicados en la adquisición y ensamblaje de drones Mohajer, fabricados por la empresa iraní Qods Aviation Industries (QAI).
Estos drones son reetiquetados en Venezuela como ANSU.
Desde 2006, Venezuela e Irán han coordinado la transferencia de estos sistemas, especialmente el Mohajer-6, un dron de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.
EANSA también se encarga del mantenimiento del Mohajer-2, conocido localmente como Arpía o ANSU-100, que puede lanzar bombas guiadas iraníes tipo Qaem.
El Tesoro recordó que QAI fue sancionada en 2023 por sus vínculos con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), que también está bajo sanciones desde 2020 por su papel en el suministro internacional de armas.
Sanciones a individuos por adquisición de químicos para misiles
Las sanciones también afectan a tres personas en Irán, acusadas de adquirir químicos estratégicos para la industria de misiles, como perclorato de sodio, ácido sebácico y nitrocelulosa, destinados a la empresa estatal Parchin Chemical Industries (PCI), parte de la Organización de Industrias de Defensa (DIO).
El perclorato de sodio es esencial para la fabricación de combustible sólido de cohetes, mientras que los otros compuestos se utilizan en propulsores avanzados.
Entre los sancionados se encuentra Mostafa Rostami Sani, presidente de una empresa iraní que coordinó la adquisición de decenas de toneladas métricas de perclorato para PCI.
Tanto PCI como DIO ya estaban bajo sanciones de EE.UU. y del Consejo de Seguridad de la ONU.
