Amnistía Internacional (AI) exigió este miércoles al Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, proteger la vida y la integridad del activista Fidel Zavala, condenado a 15 años de cárcel por estafa, quien denunció torturas en cárceles del país. La organización advirtió que la vida de Zavala «está en riesgo» y solicitó que se le garantice el debido proceso y su derecho de defensa.
AI expresó su preocupación por el posible traslado de Zavala al penal conocido como Mariona, donde el activista ha denunciado torturas, malos tratos y muertes bajo custodia. Actualmente, Zavala se encuentra en el Centro Judicial de San Salvador, aunque su abogada, Ivania Cruz, indicó que podría ser trasladado al Centro Penal La Esperanza, donde «están los verdugos a los que él denunció».
La organización instó al gobierno de Bukele y a la Fiscalía General de la República a proteger su vida e integridad, así como a garantizar el debido proceso y su derecho de defensa. Zavala fue arrestado en febrero de 2025 junto a veinticinco personas, enfrentando acusaciones de agrupaciones ilícitas, amenazas y otros delitos.
En 2022, Zavala había sido arrestado bajo cargos de estafa y estuvo encarcelado durante trece meses, hasta que en marzo de 2023 fue declarado inocente. Posteriormente, se unió a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), que brinda asistencia legal a quienes denuncian detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción contra las pandillas, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
Durante su encarcelamiento en el Penal La Esperanza, Zavala aseguró haber presenciado abusos en el sistema penitenciario y presentó denuncias formales ante las autoridades. Diversas organizaciones de derechos humanos, como Cristosal, han calificado la condena contra Zavala de «política» y alertaron que su encarcelamiento pone en grave riesgo su vida e integridad física.
El 10 de marzo de 2025, 171 organizaciones de más de veinte países solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección para Zavala. Tras la audiencia inicial del año pasado, el procesado afirmó que se trata de una «persecución política» destinada a silenciar a quienes han denunciado injusticias.
