La fiscalización aduanera en la República Dominicana es una función clave del Estado, enfocada en asegurar la correcta aplicación de las normas, prevenir irregularidades y proteger los ingresos públicos en el comercio internacional. Esta labor va más allá de la simple recaudación, buscando garantizar la transparencia en las operaciones aduaneras.
La Ley núm. 168-21 de Aduanas y su reglamento regulan los controles que se realizan antes, durante y después del despacho de mercancías. La fiscalización posterior es crucial, ya que permite verificar las operaciones dentro de los plazos establecidos por la ley, asegurando que se cumplan las normativas pertinentes.
Este proceso incluye el examen de declaraciones, facturas comerciales, documentos de transporte y registros contables, lo que facilita la detección de diferencias que podrían haber pasado desapercibidas durante el despacho. A través de procedimientos específicos, se determinan las obligaciones fiscales exigibles.
La verificación comienza con la identificación y clasificación de la mercancía según el Arancel de Aduanas, lo que ayuda a establecer el gravamen aplicable. Posteriormente, se determina el valor en aduana, tomando en cuenta el valor de transacción y los ajustes legales pertinentes, para calcular los derechos de importación considerando el origen y las preferencias comerciales.
Es importante diferenciar entre los derechos arancelarios, que son administrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), y los impuestos internos como el ITBIS, que son gestionados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Aunque el ITBIS se puede liquidar a través de Aduanas, su naturaleza jurídica no se altera por el lugar de percepción.
La fiscalización posterior requiere de investigaciones documentadas y decisiones fundamentadas en pruebas. Una discrepancia en la liquidación de derechos no implica automáticamente un fraude, y la imposición de sanciones debe basarse en la comprobación de los elementos de la infracción, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
La complejidad de esta función exige que quienes la ejerzan cumplan con requisitos de formación y experiencia establecidos por la normativa vigente. Estas exigencias son esenciales para garantizar la idoneidad técnica y la legalidad administrativa, así como la protección de los intereses públicos.
El uso de tecnología y sistemas de gestión de riesgos refuerza los controles, aunque no reemplaza el conocimiento especializado ni la evaluación objetiva de las pruebas. La eficacia de la fiscalización aduanera radica en la calidad de sus actuaciones y en su capacidad para prevenir irregularidades.
Una fiscalización aduanera efectiva no solo protege los recursos de los dominicanos, sino que también genera confianza en quienes cumplen con la ley, sustentándose en el conocimiento técnico y el respeto a las garantías jurídicas.
