El Gran Santo Domingo enfrenta un crecimiento descontrolado, con más de 3,7 millones de habitantes en una metrópoli que se extiende por 370 kilómetros cuadrados. Este crecimiento se manifiesta en la construcción de torres residenciales y comerciales en el Distrito Nacional, mientras que en Santo Domingo Este, Norte y Oeste surgen barrios sin la infraestructura necesaria. La falta de un plan de ordenamiento territorial efectivo agrava el caos en el tránsito y los servicios básicos.

El reportaje de Listín Diario destaca que, aunque existen normas, la falta de voluntad política para aplicarlas antes de la construcción genera consecuencias como inundaciones recurrentes y un aumento en los gastos para corregir edificaciones mal planificadas. Las emergencias, como incendios, se ven complicadas por la inadecuada infraestructura, donde la presión del agua es insuficiente para apagar el fuego.

En Santo Domingo Este, el crecimiento avanza sin un plan integral. El alcalde Dío Astacio ha permitido que los asentamientos informales y desarrollos residenciales crezcan más rápido que las redes de drenaje y servicios. En septiembre de 2025, el Ayuntamiento aún estaba en proceso de licitar su Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), lo que genera incertidumbre sobre su aplicación.

En Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo enfrenta un crecimiento desorganizado en áreas como Villa Mella y Sabana Perdida, donde la falta de infraestructura adecuada ha llevado a que los residentes se quejen de servicios insuficientes y de la acumulación de basura. Los diagnósticos municipales indican que el territorio es vulnerable a inundaciones, pero la planificación llega tarde, cuando las familias ya están asentadas.

En Santo Domingo Oeste, el alcalde Francisco Peña lidia con un drenaje insuficiente en áreas como Herrera y Las Caobas. Aunque se han anunciado proyectos de ordenamiento y mejoras en las cañadas, la efectividad de estas obras en la reducción de inundaciones sigue siendo incierta.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, enfrenta el desafío de una densificación vertical que aumenta la demanda de servicios básicos. Aunque existe un plan de ordenamiento desde 2020, su cumplimiento depende de estudios que verifiquen la capacidad de las redes existentes. La falta de aplicación de estas normas afecta directamente a los ciudadanos, quienes sufren las consecuencias de un sistema sobrecargado.

La legislación vigente, como la Ley 368-22, establece la obligación del Estado de organizar el territorio de manera sostenible. Sin embargo, las alcaldías no están aplicando su propio ordenamiento, lo que resulta en la construcción de edificaciones sin los controles necesarios y en la falta de coordinación entre los gobiernos locales y las instituciones del Gobierno central.

El Gran Santo Domingo opera como una sola ciudad, pero se gestiona de manera fragmentada. Las inversiones en infraestructura son necesarias, pero no serán efectivas si no se implementan planes que regulen el crecimiento urbano. La falta de conocimiento ciudadano sobre las funciones de las alcaldías contribuye a la perpetuación de este desorden.

La inteligencia urbana es clave para gestionar el crecimiento de la ciudad. Si las alcaldías continúan reaccionando en vez de planificar y los ciudadanos no exigen resultados concretos, el caos en el Gran Santo Domingo persistirá, evidenciado por el tráfico, las inundaciones y la falta de servicios esenciales.