La crisis bancaria en República Dominicana, marcada por la caída de Baninter en 2003, y la reciente intervención de Ueno Bank en Paraguay, en noviembre de 2026, ponen de manifiesto los riesgos de la concentración económica sin controles institucionales efectivos. Estos eventos revelan cómo los intereses privados pueden influir en el poder político y la regulación financiera, lo que puede llevar a situaciones críticas en el sistema bancario.

La historia de Paraguay es clave para entender la situación actual. Desde su independencia en 1811, el país ha experimentado diversos modelos políticos y económicos, incluyendo la devastadora Guerra de la Triple Alianza, que alteró su estructura productiva. A lo largo de los años, grupos económicos han ganado influencia en la economía nacional, consolidándose en sectores como el comercio y la industria.

La llegada de Alfredo Stroessner al poder en 1954 instauró un régimen totalitario que favoreció a ciertos empresarios, creando un entorno donde la acumulación de riqueza estaba ligada a relaciones cercanas con el gobierno. Aunque la dictadura finalizó en 1989, las estructuras económicas que se formaron durante ese tiempo continuaron operando, con el Partido Colorado manteniendo el control político.

Con la llegada de nuevos gobiernos, como el de Horacio Cartes en 2013, la relación entre la actividad empresarial y el Estado se volvió más evidente. Cartes, un empresario con una extensa trayectoria, reavivó el debate sobre la influencia de los conglomerados en la política. La elección de Santiago Peña en 2023, respaldado por Cartes, marcó una nueva etapa en esta relación, especialmente tras su vinculación con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

Ueno Bank, que recibió significativos recursos públicos, se vio envuelto en controversias por operaciones crediticias con empresas relacionadas. Investigaciones recientes han revelado que el banco administraba aproximadamente US$850 millones en fondos públicos, lo que subraya la magnitud de la crisis. La situación se agravó cuando el Banco Central del Paraguay decidió intervenir la entidad tras detectar que su índice de solvencia estaba por debajo del mínimo legal.

La intervención, adoptada unánimemente por el directorio del Banco Central, buscaba proteger los activos y a los depositantes. Sin embargo, generó preocupación entre los clientes y cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero. Además, la Fiscalía inició investigaciones sobre las operaciones del banco, resultando en órdenes de detención contra varios directivos.

La crisis no solo afecta a Ueno Bank, sino que también plantea interrogantes sobre las conexiones entre el sector privado y las instituciones reguladoras. La renuncia de Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central y vinculado a la entidad, ha intensificado el debate sobre las «puertas giratorias» en el sistema financiero.

La situación de Ueno Bank, con alrededor de tres millones de clientes, no es trivial en la economía paraguaya, lo que resalta la necesidad de un análisis profundo sobre la relación entre el poder político y los intereses económicos.