El Tribunal Supremo español ha decidido que los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de la ley de nietos podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, a pesar de que sus padres no podrán ejercer este derecho. Esta decisión se produce tras el rechazo de medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y el partido Vox, que buscaban que los hijos también fueran privados de su derecho a voto.

La ley de nietos, parte de la Ley de Memoria Democrática, permite a los hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas optar a la nacionalidad española. El Gobierno español estableció una instrucción que presume la condición de exiliado para aquellos que salieron del país entre 1936 y 1955, durante la dictadura de Francisco Franco.

Aproximadamente 163,000 personas que accedieron a la nacionalidad por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones. Iustitia Europa y Vox intentaron que la restricción se extendiera a sus hijos, lo que afectaría a unas 190,000 personas, pero el Tribunal Supremo denegó esta solicitud.

En su auto, el Tribunal Supremo reafirmó que no ha cambiado de criterio y mencionó que si se cuestiona la inscripción en el censo de los padres, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos», que suman un total de 189,678. Sin embargo, el tribunal expresó que tiene «serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva» de la suspensión del derecho a voto a solo tres semanas de las elecciones.

Además, el tribunal rechazó las solicitudes de varias asociaciones y particulares que pedían reconsiderar la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos, manteniendo así la negativa a que estos acudan a las urnas. La situación continúa generando debate en el contexto electoral español.