Entre el 9 de septiembre y el 2 de noviembre de 2026, la Policía reportó un total de 111 muertes en operativos, presentadas como intercambios de disparos, lo que ha generado un debate sobre la percepción de justicia en el país. De estas muertes, 104 ocurrieron en el primer periodo mencionado, mientras que siete más se registraron en intervenciones posteriores. Este patrón ha llevado a cuestionar la legitimidad de las acciones policiales y la necesidad de esclarecer cada caso.

La reiteración de muertes en operativos policiales plantea la preocupación de que el hecho de estar fichado por la Policía pueda interpretarse como una sentencia de muerte anticipada. En un contexto donde la Constitución prohíbe la pena de muerte, es inaceptable que la condición de «fichado» lleve a la sociedad a aceptar muertes sin exigir investigaciones adecuadas.

La idea de que eliminar a un delincuente no resuelve el problema de la delincuencia se hace más evidente ante la falta de justicia efectiva. La Policía tiene la responsabilidad de detener a los sospechosos y presentarlos ante los tribunales, mientras que la sociedad debe exigir que el fichaje no se convierta en una justificación para la muerte.

La responsabilidad del periodismo

Un registro policial no debe ser considerado como una sentencia, y la peligrosidad atribuida a un individuo no exime a las autoridades de justificar sus acciones. La atención debe centrarse en las circunstancias de cada muerte, no en la reputación del fallecido, ya que esto puede desviar la investigación hacia una justificación de la violencia.

El uso de apodos en los medios para referirse a los fallecidos, como «El Gordo» o «Trenzas», puede deshumanizarlos y facilitar la indiferencia del público hacia sus muertes. Es crucial que el periodismo mantenga un enfoque riguroso, contrastando las versiones y evitando que los antecedentes se conviertan en una explicación automática de los desenlaces fatales.

Los barrios empobrecidos deben ser espacios donde el derecho a un proceso justo no dependa de factores como los recursos económicos o las conexiones personales. La protección de la ley debe ser efectiva para todos, especialmente para aquellos que más la necesitan, y el fichaje no debe ser visto como un anuncio de muerte.

Demandas de justicia

El Ministerio Público tiene la obligación de investigar cada caso de manera independiente y con evidencias verificables. Las autoridades deben rendir cuentas sobre el uso de la fuerza, asegurando que cada actuación esté justificada y no se realicen absoluciones o condenas automáticas. La dignidad humana debe ser respetada, independientemente de las acciones del fallecido.