La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció amenazas contra defensores de derechos humanos de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm), en el noreste del país, donde uno de sus miembros fue herido a tiros el 3 de noviembre.

Entre las amenazas se incluyen muerte, seguimientos e intimidaciones hacia Melkin Hernán Castrillón y otros integrantes de la organización, presuntamente por parte de «grupos armados no estatales». La ONU afirmó que seguirá monitoreando el caso y las medidas de protección que adopten las autoridades para garantizar la seguridad de los defensores.

La denuncia se produce tras un ataque armado el 3 de noviembre, donde otro miembro de Asorvimm fue disparado en seis ocasiones, resultando herido en una pierna. La oficina de la ONU no identificó a esta víctima ni aclaró si el ataque está relacionado con las amenazas contra Castrillón y sus compañeros.

Naciones Unidas instó a las autoridades colombianas a investigar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas para proteger a los defensores de derechos humanos y sus organizaciones. También pidió a los grupos armados ilegales respetar los derechos humanos y la labor de quienes defienden a las comunidades.

Asorvimm, formalmente constituida en 2006, agrupa a víctimas de crímenes de Estado en el contexto del conflicto armado, dedicándose a documentar violaciones de derechos humanos y apoyar a las víctimas en la región del Magdalena Medio.

La denuncia se produce en una región que ha sufrido décadas de violencia y disputas territoriales entre guerrillas y estructuras paramilitares, afectando gravemente a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. En septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 exintegrantes de la fuerza pública por su participación en la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.