La Policía colombiana, en colaboración con el FBI, detuvo este jueves en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al mexicano Luis Benítez Alcántara, alias El Juez, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Benítez Alcántara fue arrestado mediante una notificación roja de Interpol cuando se preparaba para abordar un vuelo de regreso a Ciudad de México, según informó la Policía en un comunicado.
El mexicano, quien fungía como juez en Ciudad de México y tenía a su cargo procesos de extradición, enfrenta nueve cargos, incluyendo «conspiración para distribuir, poseer y exportar cocaína y metanfetaminas, participación en una empresa criminal, asesinato y tentativa de asesinato».
Las investigaciones revelaron que, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, Benítez Alcántara utilizó su posición como juez federal para otorgar beneficios jurídicos ilícitos a miembros del Cártel de Sinaloa, según indicó la Policía.
Uno de los delitos que se le atribuyen es haber recibido un soborno de dos millones de dólares a cambio de conceder una fianza fraudulenta y ordenar la liberación de Ryan James Wedding, un narcotraficante canadiense detenido en Guadalajara con fines de extradición.
De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Benítez Alcántara negoció esta operación a través de intermediarios y ordenó la excarcelación de Wedding el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que supuestamente recibió el dinero.
Wedding es considerado por las autoridades como el segundo al mando de una organización criminal transnacional y uno de los principales proveedores de cocaína hacia Canadá, con operaciones en Colombia, México y Estados Unidos.
El director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, denunció que Benítez Alcántara llegó a Colombia presuntamente para sostener reuniones clandestinas y coordinar envíos de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.
Tras su detención, Benítez Alcántara fue puesto a disposición de la Fiscalía General, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se realizan los trámites para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta una pena máxima de hasta 15 años de prisión por cada uno de los cargos imputados.
