China acusó a Estados Unidos de intentar sabotear sus relaciones con Cuba tras la imposición de sanciones económicas que afectan a ocho empresas y dos personas, incluidas dos compañías chinas, por supuestos vínculos con el suministro de equipos militares a La Habana. Las sanciones fueron anunciadas el jueves por la Administración del presidente Donald Trump y marcan un aumento en las tensiones diplomáticas entre ambos países.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, rechazó las restricciones y afirmó que Pekín tomará las medidas necesarias para proteger los derechos de sus empresas. Guo declaró que China se opone firmemente a la injerencia de Estados Unidos en la cooperación entre China y Cuba, y cuestionó la legalidad de las sanciones bajo el derecho internacional.
Entre las empresas sancionadas se encuentran China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) y Beijing H&C Technologies, acusadas de proporcionar equipos a las Fuerzas Armadas de Cuba. Según el Departamento de Estado estadounidense, ambas empresas colaboraron con la Sociedad Mercantil Duna, una entidad cubana dedicada a la adquisición de suministros militares.
Las autoridades estadounidenses sostienen que CEIEC participa en la exportación de productos electrónicos de defensa, mientras que Beijing H&C Technologies se dedica a la venta de equipos de vigilancia. Washington argumenta que estas actividades fortalecen las estructuras militares del Gobierno cubano, aunque las empresas no han admitido las acusaciones.
El nuevo paquete de sanciones también incluye empresas vinculadas al transporte marítimo de petróleo hacia y desde Cuba, un sector crítico afectado por la presión económica de Estados Unidos. Entre las entidades sancionadas se encuentran cuatro compañías de transporte de hidrocarburos y las estatales cubanas Cubaelectrónica y Tecnosime.
Además, cinco embarcaciones fueron identificadas como propiedades bloqueadas, lo que limita sus operaciones comerciales y financieras internacionales. El Departamento del Tesoro estadounidense ha ampliado sus facultades para imponer restricciones a personas y empresas extranjeras que operen en sectores clave de la economía cubana.
Las sanciones también afectan a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja y Any Rodríguez Lastres, vinculados a redes de transporte marítimo de productos petroleros. Washington sostiene que estas redes permiten canalizar recursos hacia estructuras estatales y militares, mientras la población cubana enfrenta escasez de combustible y productos básicos.
Las medidas se basan en la orden ejecutiva 14404, que permite actuar contra entidades consideradas responsables de represión en Cuba. Las sanciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos y empresas de EE. UU., aunque el comercio humanitario autorizado no está prohibido.
La situación económica en Cuba se ha deteriorado, con escasez de combustible y problemas de generación eléctrica. Desde enero, la Administración Trump ha intensificado las medidas para limitar el suministro de petróleo a la isla, lo que ha agravado los apagones en diversas regiones.
La nueva controversia surge tras la reciente aprobación de una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que condena el embargo estadounidense a Cuba, con 130 votos a favor y 17 en contra. Aunque estas resoluciones no son vinculantes, reflejan las posturas de los países sobre las restricciones económicas impuestas a la isla.

