El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, calificó de “amnistía disfrazada” un anteproyecto de ley presentado por la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Maribel Almánzar de Ogando, que busca facilitar el otorgamiento de la nacionalidad dominicana a extranjeros que habrían incurrido en irregularidades para obtener documentos del Registro Civil y de identidad.

Rosario argumentó que la iniciativa, introducida en la Cámara de Diputados con el pretexto de atender a personas que supuestamente carecen de identidad, pretende abrir las puertas a la nacionalización de ciudadanos extranjeros mediante un procedimiento de regularización basado en razones humanitarias.

El exfuncionario denunció que algunos de los potenciales beneficiarios habrían cometido actos ilícitos contra el Registro Civil y el sistema de identificación nacional para obtener una nacionalidad que no les corresponde, ya que mantienen su nacionalidad de origen.

Según Rosario, la propuesta contradice la Constitución de la República, la Ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. También advirtió que su aprobación podría aumentar la llegada de ciudadanos extranjeros al país, lo que tendría posibles consecuencias para la seguridad y la estabilidad nacional.

Recordó que en 2014 se aprobó la Ley 169-14, que estableció las condiciones y procedimientos para regularizar a extranjeros que no hubieran cometido falsedad documental y que, por razones de Estado, podían acogerse a los beneficios de esa legislación.

Rosario cuestionó el momento en que fue introducida la iniciativa, justo antes del próximo ciclo electoral que concluirá en mayo de 2028, sugiriendo un posible interés electoral detrás de la propuesta.

Explicó que la identidad personal es fundamental para el ejercicio de derechos civiles, políticos y económicos, y cualquier legislación que ignore esta relación podría ser anulada por el Tribunal Constitucional.

El expresidente de la JCE insistió en que el anteproyecto representa un intento de establecer una amnistía general y criticó la intención de otorgar la nacionalidad dominicana sin seguir las disposiciones constitucionales y legales pertinentes.

Finalmente, recomendó a quienes alegan haber sido afectados en sus derechos de identidad acudir a los tribunales para que cada situación sea examinada individualmente, y reclamó al Gobierno la aplicación de la Ley General de Migración 285-04, respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas.