El juez Rodrigo Estigarribia dictó prisión preventiva para Miguel Vázquez y cinco directivos de Ueno Bank, mientras que dos mujeres procesadas cumplirán arresto domiciliario con tobilleras electrónicas debido a que tienen hijos pequeños. La investigación se centra en un presunto esquema de operaciones crediticias irregulares y transferencias millonarias entre empresas vinculadas al banco.
La decisión del juez representa las primeras medidas cautelares en el caso que involucra a 27 personas, incluyendo directivos bancarios y empresarios. Los directivos deberán permanecer en un establecimiento penitenciario, mientras que las mujeres bajo arresto domiciliario estarán monitoreadas electrónicamente.
Estigarribia también ordenó que los procesados no compartan la misma celda y prohibió cualquier comunicación entre ellos. Esta acción se enmarca en una investigación más amplia sobre el presunto vaciamiento de Ueno Bank.
Detalles de la investigación
La imputación fiscal detalla un esquema financiero que habría comprometido los activos de Ueno Bank en los años 2025 y 2026. Se alega que la dirección del banco autorizó préstamos y sobregiros a empresas vinculadas, a pesar de que algunas no cumplían con las condiciones financieras necesarias.
Entre las operaciones cuestionadas se encuentran los créditos otorgados a MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., que eran consideradas vinculadas a Ueno Bank. En octubre de 2025, el banco solicitó que estas empresas dejaran de ser clasificadas como tales, pero sin la documentación adecuada para justificarlo.
A pesar de la falta de autorización formal de la Superintendencia de Bancos, Ueno Bank continuó otorgando préstamos y habilitando sobregiros a estas empresas. La Fiscalía cuestiona la falta de garantías reales y los montos desproporcionados en relación con la capacidad económica de las prestatarias.
Destino de los fondos
La investigación revela que parte de los fondos otorgados a las empresas prestatarias fue transferida casi de inmediato a otras sociedades vinculadas, como ITTI S.A.E.C.A., REDISA y REDIPRO. Estos recursos se utilizaron para cubrir obligaciones financieras y atender compromisos de otras empresas del mismo grupo.
En el caso de Grupo M S.A., se identificaron transferencias de préstamos hacia ITTI, Red Digital S.A. y KAITEL S.A.. La Fiscalía también señala que la capacidad real de pago de las empresas beneficiarias es cuestionable, evidenciada por la relación de pasivos y patrimonio neto de Grupo M.
La hipótesis de la Fiscalía sugiere que los créditos no financiaban actividades productivas, sino que mantenían compromisos financieros de otras sociedades del mismo entorno empresarial.
