Las elecciones de medio término en Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre, no solo definieron la composición del Congreso, sino que también abordaron temas cruciales como el aborto, la asistencia sanitaria, los beneficios alimentarios y los impuestos. Los votantes se pronunciaron sobre derechos reproductivos y otros asuntos que impactan directamente en la vida de la población, mientras el resultado legislativo, favorable al partido Demócrata, tendrá repercusiones en los programas de asistencia social.

Cuatro estados votaron sobre el aborto, un tema que ha cobrado mayor relevancia desde que la Corte Suprema eliminó en 2022 su protección constitucional federal. En Virginia y Nevada, los electores aprobaron medidas para incluir garantías sobre el derecho al aborto en sus constituciones. En contraste, Missouri rechazó una propuesta que buscaba revertir las protecciones reproductivas aprobadas en 2024, mientras que Idaho votó en contra de una iniciativa para ampliar el acceso a este procedimiento.

Según la organización KFF, especializada en políticas sanitarias, las consultas estatales se han convertido en un mecanismo para proteger o restringir el aborto tras la decisión de la Corte Suprema. Las reformas constitucionales son especialmente significativas, ya que son más difíciles de modificar que las leyes ordinarias.

El futuro de Medicaid, que ofrece cobertura sanitaria a personas de bajos ingresos, y SNAP, destinado a la asistencia alimentaria, también estuvo relacionado con la lucha por el control del Congreso. Ambos programas fueron modificados por una ley fiscal y presupuestaria promulgada por Donald Trump en julio de 2025, que introdujo nuevos requisitos laborales y restricciones de acceso para ciertos beneficiarios.

La Brookings Institution advirtió en un análisis que las exigencias laborales de SNAP han reducido la participación en el programa, sin que la evidencia más sólida demuestre un aumento del empleo. Por otro lado, KFF, basándose en estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, indicó que los nuevos requisitos laborales de Medicaid representarán una parte importante de la reducción prevista del gasto federal en ese programa.

Los defensores de estas reformas argumentan que buscan controlar el gasto público y fomentar el empleo, mientras que los críticos alertan sobre la pérdida de beneficios para hogares vulnerables. Aunque estas ayudas no fueron sometidas a votación nacional, la nueva composición del Congreso influirá en las posibilidades de revisar su financiación y las condiciones de acceso.

Las cuestiones fiscales también jugaron un papel importante. En Florida, los electores aprobaron una ampliación de las exenciones del impuesto sobre la propiedad para propietarios de viviendas, lo que reduce obligaciones tributarias, pero puede afectar los ingresos de los gobiernos locales. En Minnesota, se aprobó una modificación constitucional para aumentar los recursos destinados a las escuelas públicas, mientras que Dakota del Norte rechazó una propuesta que buscaba garantizar desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes de escuelas públicas.

Estas votaciones reflejan las diferentes prioridades sobre el alivio económico de las familias y la financiación de los servicios públicos. Además, la inmigración, los derechos de las personas transgénero y las normas electorales también fueron temas sometidos a consulta.

En Colorado, se votó una iniciativa sobre la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración. En Arizona y Nebraska, se aprobaron restricciones relacionadas con la atención médica o la participación deportiva de personas transgénero. Los electores también decidieron sobre requisitos de identificación para votar y la delimitación de distritos congresuales, con Missouri rechazando un mapa electoral respaldado por los republicanos y Maryland aprobando una reforma que podría facilitar cambios en sus distritos para 2028.

Así, las elecciones del 3 de noviembre no solo determinaron quiénes ocuparán los cargos públicos, sino que también produjeron decisiones sobre derechos, impuestos y servicios sociales, algunas de aplicación estatal y otras sujetas a futuras negociaciones en Washington.