La nueva administración de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), bajo la presidencia de un magistrado de carrera, enfrenta importantes desafíos en sus primeros 100 días. Entre las prioridades se encuentran la eliminación de la doble notificación en los recursos de revisión constitucional y la mejora en la entrega de sentencias del Tribunal Superior Administrativo (TSA). Estas medidas buscan reducir la burocracia y los costos asociados al acceso a la justicia.

Una de las propuestas es que las sentencias del TSA se publiquen en línea, lo que permitiría a los abogados acceder a ellas sin necesidad de desplazarse, agilizando el proceso de notificación. Además, se plantea desjudicializar los conflictos, activando mecanismos de solución alternativa que faciliten la conciliación, ya que estos espacios ya han sido creados por el Poder Judicial.

El contexto actual revela que los tribunales no están cumpliendo con su mandato de notificar sentencias, lo que obliga a los usuarios a recurrir a alguaciles, incrementando los costos de la justicia. También se destaca la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los empleados judiciales, quienes reciben bajos salarios, y de los jueces, que en promedio ganan menos de 5 mil dólares, mientras que la media en América es de 5 a 7 mil dólares.

La falta de habilitación de los tribunales de Primera Instancia en materia Contencioso y Tributario Administrativo limita el acceso a la justicia, lo que contraviene lo establecido en la Constitución. En este sentido, se requiere la ejecución de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia para garantizar los derechos de los ciudadanos.

La cantidad de jueces en República Dominicana es significativamente inferior a la media mundial, con solo 10 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que contribuye al deterioro físico y mental de los magistrados y genera mora judicial. Se sugiere que los jueces fomenten un diálogo entre las partes, lo cual podría prevenir retrasos en los procesos.

Los tribunales también deben permitir un ejercicio de abogacía más eficaz, evitando imponer límites de tiempo que puedan afectar la defensa de las partes. Es fundamental que los jueces prioricen lo sustantivo sobre lo formal, actuando de manera más activa en las audiencias y garantizando que se respeten los derechos de todos los involucrados.

Además, se enfatiza que los jueces deben ser un contrapeso al poder, actuando como guardianes de los derechos y garantías de las personas frente a otros poderes. Su labor no debe estar influenciada por la búsqueda de reconocimiento público, sino enfocarse en la aplicación imparcial de la justicia.

Estas sugerencias reflejan la necesidad de transformar el sistema judicial en uno más accesible y amigable. La nueva administración de la SCJ tiene la oportunidad de implementar cambios significativos que beneficien a los ciudadanos y fortalezcan la confianza en la justicia.