Uno de los mayores errores históricos de la República Dominicana, tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, fue permitir que Joaquín Balaguer continuara en el poder sin romper definitivamente con las estructuras de la dictadura.

Balaguer, colaborador político del trujillismo y presidente en el momento de la muerte del dictador, permitió ciertas libertades civiles, aunque su trayectoria estuvo marcada por profundas contradicciones políticas.

A pesar de que el país esperaba cambios profundos tras 31 años de dictadura, durante los gobiernos de Balaguer persistieron mecanismos de inteligencia y seguridad utilizados para vigilar y perseguir a sectores opositores.

En esos años también operó la Banda Colorá, vinculada a la violencia política, mientras organismos de seguridad intimidaban y perseguían a ciudadanos contrarios al Gobierno.

La represión afectó a dirigentes políticos, estudiantes, profesionales y periodistas, entre las víctimas se encuentran Orlando Martínez, Amín Abel Hasbún, Maximiliano Gómez y la desaparición del profesor Narciso González, conocido como Narcisazo.

La libertad de prensa sufrió amenazas y persecuciones, con numerosos periodistas intimidados por denunciar abusos del poder, en un ambiente que recordaba los controles impuestos durante la dictadura trujillista.

La sociedad dominicana necesitaba conocer la verdad sobre los asesinatos, desapariciones y torturas cometidos durante la dictadura, así como establecer responsabilidades. Sin embargo, muchos colaboradores del régimen abandonaron el país sin rendir cuentas ante la justicia.

Es fundamental examinar tanto la herencia de Trujillo como la actuación de Balaguer, ya que la muerte del dictador no significó la desaparición de las estructuras autoritarias ni garantizó una democracia plena.

Las hermanas Mirabal, asesinadas por órdenes de Trujillo y ejecutadas por agentes del SIM, bajo la dirección de Johnny Abbes García, plantean cuestionamientos sobre la responsabilidad política de Balaguer, quien debía actuar para impedir el crimen o garantizar justicia.

Ningún país puede construir una democracia sólida mientras sus crímenes históricos permanezcan impunes. La República Dominicana aún enfrenta la deuda histórica de buscar justicia, verdad y el desmantelamiento de las estructuras represivas.