La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México comenzará este martes a implementar nuevas reglas que restringen el uso de dispositivos móviles en escuelas públicas y privadas, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y la atención de los estudiantes. Esta medida responde a que el 80% de los docentes identificó dificultades en la atención de sus alumnos, según un comunicado del titular de la SEP, Mario Delgado.
Las nuevas regulaciones afectarán a un total de 34.1 millones de estudiantes, 2.2 millones de docentes y 263,600 escuelas en el país. En los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción se aplicará durante toda la jornada escolar, aunque se permitirá el uso de dispositivos para actividades educativas programadas y en situaciones de emergencia o necesidades especiales.
Medidas diferenciadas por niveles educativos
En el bachillerato, cada institución acordará con su comunidad educativa las medidas a seguir para limitar el uso de celulares a fines pedagógicos, adaptándose a sus circunstancias específicas. Por otro lado, en las universidades se fomentará un uso responsable de la tecnología, así como la formación en ciudadanía digital crítica, incluyendo conocimientos sobre algoritmos e inteligencia artificial.
Delgado instó a los estudiantes a «apagar el celular y encender la imaginación con la lectura», resaltando la importancia de reducir los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas. Esta regulación busca combatir la posible adicción a plataformas digitales y la exposición a contenidos nocivos, como violencia, mensajes de odio y ciberacoso.
En una consulta nacional, el 79% de los docentes manifestó que sus estudiantes tienen dificultades para recordar información, y el 73% reportó problemas para regular sus emociones. Además, el 81% de los encuestados consideró necesario adoptar medidas para mejorar la situación.
El acuerdo, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor el 3 de noviembre, y las autoridades estatales tendrán 180 días naturales desde esa fecha para adaptar sus normativas. Delgado enfatizó que la protección de los menores en internet requiere también la responsabilidad de las plataformas digitales, y no puede recaer únicamente en familias, docentes y autoridades.
