Estados Unidos busca asegurar un proceso de transición pacífica en Venezuela, destacando la importancia de reformas económicas y políticas. Un alto funcionario del Departamento de Estado presentó el 26 de octubre de 2026 una hoja de ruta que incluye reformas judiciales y electorales, el papel de Delcy Rodríguez en la declaración de la vacante presidencial y las garantías necesarias para sostener el proceso.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el contexto actual es crucial para entender la situación en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido un instrumento del régimen de Maduro desde 2015, dictaminando decisiones que han afectado la legalidad de la Asamblea Nacional y la creación de una nueva asamblea constituyente.

Las elecciones en Venezuela son organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no solo administra los comicios, sino que también decide qué partidos pueden participar y quiénes pueden ser candidatos. Este sistema ha permitido la inhabilitación de figuras opositoras, lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad de los procesos electorales.

El funcionario destacó que, a pesar de los esfuerzos previos para negociar nuevas elecciones en 2024, el régimen de Maduro utilizó las mismas estructuras del TSJ y el CNE, lo que impide la celebración de elecciones libres y justas. Por ello, es fundamental reemplazar estas instituciones antes de convocar nuevos comicios.

Recientemente, se alcanzó un acuerdo para designar miembros de un comité que propondrá nuevos magistrados para el TSJ, compuesto por figuras de prestigio y no solo por operadores partidarios. Se espera que este nuevo TSJ esté en funciones antes de finalizar el año.

Simultáneamente, se planea reformar el CNE para que su función sea únicamente administrativa, similar a las oficinas electorales en Estados Unidos. Esto permitirá que el nuevo CNE organice elecciones sin interferencias políticas.

Una vez que se establezcan el nuevo TSJ y el nuevo CNE, se declarará una vacante en la Presidencia, lo que activará un período de seis meses para celebrar nuevas elecciones, según la Constitución. Sin embargo, es esencial que se garantice un entorno político donde los partidos puedan operar libremente y los candidatos puedan hacer campaña sin temor a represalias.

El funcionario concluyó que el objetivo de estas reformas es lograr una república duradera en Venezuela, capaz de enfrentar los desafíos económicos y sociales que ha enfrentado el país. La transición pacífica es preferible a la violencia y la inestabilidad, y se busca evitar que el país caiga en una situación similar a la de Nicaragua.