La Fuerza del Pueblo (FP) propuso un nuevo modelo de desarrollo urbano en República Dominicana, enfocado en el acceso a viviendas dignas, la planificación territorial y la protección del medio ambiente, ante el crecimiento desordenado de las ciudades. Esta propuesta se presentó en una declaración conjunta de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Urbanismo y Vivienda, con motivo del Día Mundial de las Ciudades, celebrado el 31 de octubre.

El documento, firmado por los titulares de ambas secretarías, Paíno Abreu y Pedro Pablo Díaz, junto al vicesecretario de Ordenamiento Territorial, Valentín Cordero, advierte sobre la expansión urbana sin planificación, la especulación con el suelo y la falta de políticas integrales de vivienda, factores que agravan las desigualdades sociales y territoriales.

La FP destacó que miles de familias viven en condiciones precarias y enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales como agua potable, drenaje pluvial, energía eléctrica y transporte, lo que las hace más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Propuestas para un nuevo pacto urbano

Ante esta situación, la FP planteó establecer un nuevo pacto urbano y territorial basado en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana. Entre las propuestas se incluye la recuperación de barrios y el mejoramiento de asentamientos informales, garantizando la seguridad en la tenencia de viviendas y el acceso a servicios básicos.

Además, abogó por el desarrollo de sistemas integrados de transporte público, infraestructuras para peatones y ciclistas, y la ampliación de la conectividad digital, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir las emisiones contaminantes.

En el ámbito ambiental, la organización consideró fundamental preservar y ampliar las áreas verdes y espacios públicos, así como proteger las cuencas hidrográficas y ecosistemas urbanos, y construir infraestructuras que respondan a los riesgos del cambio climático.

El papel del Estado y la inclusión social

La declaración también subraya que el Estado debe asumir un papel activo en la regulación y planificación del desarrollo urbano, bajo el principio de que «la vivienda es un derecho humano y no una mercancía». La FP agregó que las políticas de desarrollo territorial deben incluir medidas para reducir la pobreza estructural y garantizar la inclusión de mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, la organización hizo un llamado a fortalecer la participación ciudadana y abrir un debate nacional sobre el modelo de ciudades que necesita el país, enfatizando que el desarrollo urbano debe medirse por la calidad de vida de sus habitantes y la preservación de los recursos naturales.