Un juez federal de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud del Gobierno del presidente Donald Trump para apartar más de 20,000 votos por correo en California y verificar la ciudadanía de los electores, argumentando que esta medida podría alterar el desarrollo de los comicios y poner en riesgo el derecho al sufragio.
El magistrado David O. Carter, del Distrito Central de California, consideró que la petición del Departamento de Justicia interferiría con la autonomía estatal para organizar las elecciones y podría privar a ciudadanos estadounidenses de un derecho fundamental basado en sospechas no confirmadas.
En su resolución, el juez advirtió que aplicar la medida “causaría estragos” en un proceso electoral ya en marcha, debido a las dificultades para identificar las papeletas y comprobar la elegibilidad de los votantes sin afectar el recuento.
La demanda fue presentada el pasado 15 de octubre, tras la identificación por parte del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de más de 20,000 personas que consideran posibles votantes no ciudadanos. El Gobierno solicitó que estas papeletas fueran separadas y verificadas antes de ser contabilizadas.
Las autoridades de California cuestionaron la fiabilidad de la lista y rechazaron el requerimiento, advirtiendo que el procedimiento propuesto podría generar complicaciones administrativas y retrasos en el escrutinio.
Dificultades en el recuento
Las autoridades electorales californianas explicaron que separar las papeletas señaladas sería complicado, ya que durante el procesamiento del voto por correo, las boletas se desvinculan de los sobres que contienen los datos de identificación de los electores.
El juez también alertó que la medida podría desalentar la participación electoral y perjudicar a ciudadanos con derecho a votar, al someter sus sufragios a un proceso de revisión basado en información susceptible de errores.
Esta disputa se produce en medio de los esfuerzos de la Administración republicana por ampliar la supervisión federal de los procesos electorales, a menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará el Congreso estadounidense.
El fallo representa un revés para la solicitud del Gobierno de Trump en California, en un contexto de intenso debate sobre los controles de ciudadanía y las garantías para el ejercicio del voto.
