La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que no hay dolo eventual en el caso Jet Set, ya que la legislación dominicana no admite esa figura, aunque expresó satisfacción personal con el cambio de calificación en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Ramos explicó que su opinión como abogada es distinta a su valoración personal sobre el caso, que se refiere al desplome del techo de la discoteca. «Como persona, realmente me siento hasta contenta de que haya existido el cambio de calificación, pero como jurista tengo que ser objetiva», señaló.

La fiscal destacó que la magnitud de la tragedia y las emociones generadas hacen de este un caso particular. «Es la tragedia más importante que ha ocurrido en el país en los últimos años», afirmó.

A pesar de sus reservas jurídicas, Ramos descartó que el cambio de calificación pueda afectar el proceso. Aclaró que las juezas del Primer Tribunal Colegiado tendrán la facultad de valorar las pruebas y determinar la calificación correspondiente a los hechos.

«Ellas podrán fallar, no importa si sea homicidio involuntario o dolo eventual. Ellas van a poder tomar una decisión, eso no va a afectar en lo absoluto», aseguró.

Consultada sobre el fundamento legal para aplicar el dolo eventual, Ramos indicó que es necesario examinar los argumentos del juez que dispuso la modificación. «La decisión es bastante extensa», comentó.

El magistrado expuso sus razones para considerar que las pruebas permitían valorar si los imputados conocían los problemas del establecimiento y habían tenido la posibilidad de corregirlos.

La defensa de Antonio y Maribel Espaillat ha recurrido el cambio de calificación, argumentando que la aplicación del dolo eventual vulnera principios del ordenamiento penal dominicano. El proceso se sigue por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La responsabilidad penal de los imputados y la calificación definitiva de los hechos deberán ser determinadas por el tribunal competente.