En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley para crear la Ley General de Combustibles, que busca regular la importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de carburantes en la República Dominicana. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de las instalaciones, proteger a los consumidores y asegurar la continuidad del abastecimiento.

El proyecto incluye disposiciones transitorias que reorganizan las normas actuales sobre combustibles líquidos, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural. Una de las principales novedades es la creación de una Ventanilla Única de Combustibles, que coordinará los procedimientos de autorización y reducirá la duplicidad de requisitos y retrasos administrativos.

Además, se contemplan mecanismos para asegurar existencias mínimas de seguridad, supervisar inventarios y adoptar medidas temporales en situaciones que puedan afectar el suministro nacional de combustibles. También se establecen normas sobre la ubicación y operación de estaciones de combustibles, depósitos y talleres especializados.

En cuanto a la ubicación, el proyecto propone una distancia mínima de 400 metros entre accesos principales de estaciones en la misma vía, que podría reducirse a 200 metros si están en lados opuestos. También se establece una separación mínima de 100 metros respecto a edificaciones sensibles como escuelas y hospitales.

Para el GLP, se estipula que los cilindros deben contener la cantidad neta indicada al consumidor, y las plantas deberán contar con balanzas certificadas y accesibles al público. Asimismo, se proponen controles sobre la calidad y pureza del producto, así como requisitos técnicos para su manejo.

El proyecto también incluye un régimen de infracciones y sanciones, con medidas preventivas y correctivas, además de multas y revocaciones de autorizaciones según la gravedad del incumplimiento. Las sanciones deberán basarse en hechos verificables y garantizar el derecho de defensa de los involucrados.

Se creará el Fondo Nacional de Prevención y Seguridad Energética, que financiará programas de capacitación, investigación de accidentes y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil. Las instalaciones existentes mantendrán sus autorizaciones bajo las condiciones originales.

Los talleres de GLP y gas natural tendrán un plazo de 12 meses para adecuarse a los nuevos requisitos, mientras que las estaciones de GLP vehicular contarán con seis meses desde la entrada en vigor del reglamento técnico para ajustar sus sistemas de medición. También se implementará un programa de inspección y recertificación de cilindros de GLP en un plazo de tres años.

Finalmente, la iniciativa propone derogar varias leyes existentes sobre el almacenamiento y comercialización de combustibles, buscando unificar y actualizar el marco regulatorio en el país para fortalecer la seguridad y mejorar la supervisión estatal.