La República Dominicana es uno de los 29 países de donde provienen hombres víctimas de trata de personas para ser reclutados en las fuerzas armadas rusas y enviados a combatir en Ucrania, según un informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania, divulgado este lunes. La investigación documentó que las autoridades rusas utilizaron engaños y coerción, con la colaboración de intermediarios en varios países.
El informe revela que los reclutadores se presentaban como representantes de empresas legítimas, ayudando a gestionar documentos de viaje. Una vez en Rusia, los hombres eran obligados a firmar contratos en ruso con el Ministerio de Defensa, sin entender lo que estaban firmando.
Los reclutados de la República Dominicana, Colombia y Perú recibieron instrucciones de viajar sin visado, presentando su viaje como una visita turística a Turquía o a la Federación de Rusia. La ONU denunció la alta coordinación entre los intermediarios y las autoridades rusas en este proceso.
Los hombres enviados al frente de batalla enfrentaron tareas peligrosas, y algunos han muerto o desaparecido, mientras que otros se han rendido o han sido capturados por las fuerzas ucranianas. Un testimonio impactante es el de una mujer de 35 años, esposa de un hombre reclutado, quien relató que a su pareja le quitaron el pasaporte y lo presionaron para que firmara un contrato en un idioma que no entendía.
En República Dominicana, familiares de hombres que viajaron a Rusia han denunciado que sus parientes fueron engañados con ofertas de empleo como mecánicos o trabajadores de la construcción, pero terminaron siendo reclutados militarmente. El 19 de octubre, familiares marcharon en Haina, San Cristóbal, pidiendo la intervención del Gobierno para el regreso de sus seres queridos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que logró gestionar el regreso de cuatro dominicanos que desistieron de unirse a las fuerzas militares rusas y no firmaron contratos. Aunque la ONU identificó a República Dominicana entre los países afectados, sus conclusiones no implican que se haya verificado cada denuncia presentada por las familias.
El informe también aborda los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, concluyendo que las autoridades rusas cometieron crímenes de guerra al atacar intencionalmente objetivos civiles. Durante el invierno, millones de personas sufrieron cortes prolongados de electricidad, calefacción, agua y gas, lo que afectó gravemente a personas mayores y familias con niños.
La comisión recogió testimonios de 255 personas que vivieron en condiciones extremas en nueve regiones ucranianas. También se investigaron ataques ucranianos contra infraestructura energética en Rusia, aunque no se pudo profundizar en sus efectos debido a la falta de acceso a información por parte de Rusia.
Finalmente, la comisión reiteró que los ataques contra civiles están prohibidos por el derecho internacional y exigió que cesen, además de pedir la liberación de todas las personas víctimas de trata que continúan en las fuerzas armadas rusas.
